Un alcalde del PP permite construir en suelo rústico a una diputada

La diputada autonómica, exsecretaria general de la Consellería de Turismo de la Xunta de Galicia y miembro de la ejecutiva gallega del PP por designación de Alberto Núñez Feijóo, Carmen Pardo, construye una vivienda en su municipio de Verín (Ourense) en suelo calificado como rústico en el que la Ley de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural de Galicia (Louga) prohíbe edificar. La representante de la cúpula del PP gallego ha obtenido el visto bueno a esta ejecución del mismo Ayuntamiento en el que entre 2007 y 2009 ella fue teniente de alcalde del actual regidor en funciones, Juan Manuel Jiménez Morán, hombre igualmente de la estrecha confianza de Feijóo. El presidente gallego apostó por él en 2010, con el respaldo de Mariano Rajoy, para intentar frenar la sucesión dinástica del baltarismo en la provincia de Ourense, pero el autodenominado "cacique bueno", José Luis Baltar, acabó traspasando todos sus poderes políticos e institucionales a su hijo.

En mayo de 2011 Pardo, entonces al frente de la Secretaría Xeral de Turismo de la Xunta, acudió a arropar a Jiménez, junto con otros cargos del PP gallego, en su segunda investidura consecutiva como alcalde de Verín. El regidor, que acababa de ampliar su mayoría absoluta, destacó en su discurso que se proponía "definir el Verín de las próximas décadas" en el nuevo mandato y se marcó como objetivo , junto a otros, aprobar el planeamiento urbanístico del municipio que había tumbado la justicia.

Un año y medio después de aquel acto institucional, en octubre de 2012, Jiménez le concede a Pardo mediante decreto una prórroga a la licencia obtenida en 2009 para edificar en un terreno de su propiedad. Pero la finca en la que se proponía construir la entonces representante institucional del Gobierno gallego había cambiado de calificación. Las norma subsidiarias en vigor en aquel momento le quitaban la capacidad para edificar: su terreno había pasado de ser suelo urbano de núcleo rural a suelo rústico; la misma condición que mantuvo después el nuevo Plan General de Ordenación Municipal aprobado apenas dos meses después de que ella consiguiera la prórroga. Para la plataforma ciudadana Son Verín, que ha denunciado los hechos, la concesión del alcalde a su antigua número dos fue "claramente ilegal".

Considerando que el regidor ha podido incurrir en una "infracción muy grave" al autorizar la edificación en suelo rústico, la plataforma ciudadana alertó a Jiménez a través de un escrito registrado en la alcaldía, de la supuesta ilegalidad urbanística en la que habría incurrido al permitir la edificación de su exnúmero dos en una zona en la que está prohibido edificar. Los vecinos advertían en ese documento de que el decreto del alcalde "vulnera la Ley del Suelo de Galicia que prohíbe la concesión de prórrogas cuando ha variado la calificación del terreno".

Los vecinos de Verín pidieron al regidor el pasado 22 de mayo la paralización de las obras emprendidas por Pardo aclarando que lo que le reclamaban era que aplicase el mismo criterio que había mantenido con otros ciudadanos "en situación similar" a la de la dirigente del PP y a quienes, sin embargo, sí "impidió edificar". Pese a ello, la obra de la diputada autonómica avanza día a día mientras Jiménez, sin respaldo suficiente en esta ocasión en las urnas, se prepara para ceder el bastón de mando a una coalición de izquierda.

Carmen Pardo ha asegurado a este diario que la vivienda que se está construyendo es de su madre aunque reconoce que ella figura como titular del terreno y sostiene que la edificación ´"es absolutamente legal” dado que consiguió la licencia para edificar por sentencia judicial en el año 2009. La diputada acudió a un contenciosos-administrativo cuando a comienzos de la década de 2000 el Ayuntamiento le obligaba a reparcelar el terreno. La justicia le dio la razón y con ello la licencia. Entonces, su finca estaba calificada como suelo urbano de núcleo rural y era edificable. De acuerdo con aquella licencia, Pardo disponía de un año para empezar la obra y de tres para terminarla e ”incumplió ya” el primero de los plazos, según denuncia el colectivo vecinal.

Cuando, en 2012, las tres anualidades para el remate de la obra llegaban a su fin, la entonces secretaria xeral de la Xunta pidió prórroga para terminar “una construcción que ni siquiera había empezado” y el alcalde se la concedió mediante decreto con informe favorable de la secretaria municipal. La plataforma ciudadana sostiene que mientras la Agencia de la Protección Urbanística de la Xunta denegaba prórrogas similares a otros vecinos en idéntica situación, con Pardo “no se siguió el procedimiento habitual, ya que ni siquiera se envió a la finca de la alto cargo del Gobierno gallego a la policía a hacer un informe técnico”. Se le concedió la prorroga para la licencia “pese al cambio de calificación del suelo, entonces ya no urbanizable, y pese a que no había cumplido los plazos”. Según la documentación gráfica de los vecinos, la familia de Pardo hizo entonces una cimentación “y paró”. Hasta ahora, momento en el que se cumplirían los tres años del fin de aquella prórroga.

“Yo estoy muy tranquila”, sostiene la diputada insistiendo en la legalidad de las actuaciones. “Con mi cargo no me podría permitir un error”, concluye.