El PNV quiere borrar toda la herencia que le deja EH Bildu

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) va a poner pastas arriba la herencia que le deja EH Bildu tras sus cuatro años de gobierno en Gipuzkoa. "Ha sido un periodo nefasto, marcado por la parálisis y el bloqueo", afirma a este diario Markel Olano, el vencedor en las pasadas elecciones en esta provincia y próximo mandatario foral. A la espera de concitar acuerdos para su investidura y dotar de estabilidad a la futura Diputación guipuzcoana, él y su partido están decididos a subvertir las principales decisiones que se han adoptado durante el mandato de Martin Garitano.

El PNV anuncia que introducirá cambios "sustanciales" en la gestión que afectarán principalmente a cinco asuntos "clave" de la política guipuzcoana. Olano se propone suprimir el polémico sistema de recogida de la basura puerta a puerta, derogar el impuesto contra las grandes fortunas, modificar el modelo de los peajes, aprobar un plan de impulso económico y contra el desempleo, y reorientar las políticas sociales. Está por decidir si el PNV, cuando asuma el poder de la Diputación, retirará la querella que interpuso el gabinete de Garitano por el caso Bidegi, el supuesto fraude de 30 millones de euros en la construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria).

Durante la legislatura que arranca ahora, el partido que preside en Gipuzkoa Joseba Egibar romperá por completo con el pasado de EH Bildu. Hará borrón y cuenta nueva. "Se han roto todos los puentes" entre estas dos formaciones, reconoce Olano, fruto de "cuatro años de enfrentamiento crudo y constante". "Ha habido mucha agresividad, y esta ha sido unidireccional. La beligerancia y la inquina que han mostrado contra el PNV ha rebasado todos los límites", añade.

La gota que ha colmado el vaso y hecho saltar por los aires la convivencia política entre el PNV y EH Bildu ha sido la denuncia que presentó el Gobierno foral de Bildu por un presunto delito de malversación de fondos públicos en las obras de la AP-1 durante el periodo 2007-2011, cuando la Diputación estaba gobernada por el PNV. La acusación va dirigida contra un exdirector de la sociedad pública Bidegi (gestiona las autopistas de Gipuzkoa), técnicos de las constructoras y un responsable de la dirección de la obra, pero Bildu ha insistido en todo momento en que la “responsabilidad política” recae directamente sobre el PNV. Ha solicitado al juez que investiga este caso que cite a declarar como testigos a varios representantes peneuvistas, entre ellos Markel Olano y Eneko Goia, que serán en breve diputado general de Gipuzkoa y alcalde de San Sebastián, respectivamente.

La izquierda abertzale tenía muy bien calculados los tiempos para hacer estallar el caso en vísperas electorales, aunque su insistencia en “la implicación del PNV en un caso de corrupción” no ha surtido el efecto deseado en las urnas. Esta formación ha aventajado en más de 10.000 votos a EH Bildu en las forales y logra superarle en un escaño en las Juntas Generales de Gipuzkoa (Bildu tenía antes nueve representantes más que el PNV).

En el caso Bidegi, Markel Olano es partidario de “dejar que los tribunales tomen una decisión”. Pese a considerar que “la acusación es totalmente falsa”, el dirigente nacionalista prefiere “dejar todo en manos de la justicia”. El PNV estudia ahora si procede retirar la querella cuando sus diputados hayan tomado posesión del Gobierno foral. Mantenerla le crearía una situación muy incómoda, asegura, dado que estaría sosteniendo un procedimiento penal cuya acción está orientada a investigar unas supuestas irregularidades ocurridas mientras el PNV estuvo en el poder.

El PNV, en cambio, tiene muy claro que dará “todos los pasos necesarios” para modificar las principales decisiones políticas adoptadas por Bildu. Olano se refiere, sobre todo, a la controvertida suspensión de las obras de la incineradora de Gipuzkoa, que supuso un coste de 13 millones de euros en indemnizaciones a las empresas adjudicatarias. La planta de combustión se retomará, del mismo modo que se suprimirá “la imposición” del puerta a puerta que tanta polémica ha suscitado en varios municipios del territorio.

El nuevo equipo de la Diputación tratará de derogar el Impuesto contra las Grandes Fortunas, aprobada durante la pasada legislatura con los votos de la coalición independentista y los socialistas. También se tramitará un “sistema de cobro a camiones en tránsito” por las carreteras guipuzcoanas, como el PNV quiso aplicar antes de 2011 y que Bildu dejó aparcado durante su mandato. Y pondrá en marcha un plan especial para la “reactivación económica”, de apoyo a las pymes y a la creación de empleo, que ha sido una de las grandes carencias que la oposición achacó constantemente a Garitano.