La Barcelona de Colau: tasa a las eléctricas y fin a los coches oficiales

“Ambicioso” pero “factible”. Es la definición de Barcelona en Comú sobre su “Plan de choque para los primeros meses de mandato”, un documento que presentaron antes incluso de tener listo el programa electoral. La formación subraya que muchas de las medidas no tienen ningún coste: “Exigen valentía política, sentido común y pueden aplicarse de forma inmediata”.

Entre otras actuaciones, contempla multar a los bancos que tengan pisos vacíos, introducir una tasa para las eléctricas, revisar las tarjetas de transporte, licitar el proyecto que rescataría el tranvía por la Diagonal o una renta municipal complementaria para familias con pocos recursos. También prevé reducir salarios, eliminar coches oficiales, auditar entes como el Consorcio de la Zona Franca o la Fira y paralizar la apertura de nuevos hoteles o revisar privatizaciones.

El plan pasa por revisar las cuentas y está cuantificado en 160 millones de inversión, que se gastarían entre finales de este año y el primer semestre de 2016. Esta cantidad, aclaran, supone menos de la mitad de la partida de inversiones del presupuesto. El plan de choque se estructura en cuatro líneas de actuación.

Crear 2.500 empleos con una inversión de 50 millones. Para reducir la cifra de 96.000 empleos BComú asegura que pondrá en marcha un programa de formación y creación indirecta de empleo sostenible en sectores como la rehabilitación de vivienda, la gestión de residuos, el comercio de barrio, la atención a las personas y la economía cooperativa. El programa de empleo también prevé que el ayuntamiento tenga en cuenta las condiciones laborales de sus proveedores, revisar las cláusulas de los contratos vigentes y aumentar las inspecciones en el sector turístico.

Multas a los bancos, tasa para las eléctricas, revisar las tarjetas de transporte, proyecto para el tranvía por la Diagonal y una renta municipal para familias pobres. Los desahucios son una de las principales preocupaciones de BComu y la coalición no pierde la ocasión para reprochar a CiU que votara en el Congreso la Ley del Desahucio exprés. Para evitarlos, asegura que creará una mesa de negociación con las entidades financieras que desahucian y que tienen pisos vacíos. Y que les sancionarán tal y como prevé la ley del derecho a la vivienda del Gobierno catalán. El ejecutivo del alcalde saliente, Xavier Trias, ha realizado un censo de pisos vacíos de los barrios más castigados por los desahucios, como Ciutat Meridiana o Besòs. La partida prevista es de 50 millones. En materia de “derecho a la alimentación”, cuestionan el cheque para menores pactado entre CiU y PSC en los últimos meses y se comprometen a reforzar servicios de comedor y plazas para que los menores coman en verano.

Para acabar con la llamada “pobreza energética”, BComú también habla de negociar con las compañías de agua, gas y electricidad. En sentido, una de las medidas más llamativas es “imponer a las compañías eléctricas tasas por la ocupación del espacio público”. En el capítulo de transporte, critica la puesta en marcha de la T-movilidad –sin decir qué hará—y promete ampliar la gratuidad del transporte hasta los 16 años; y también “licitar la redacción del proyecto ejecutivo” para rescatar el tranvía por la Diagonal. El paquete de medidas sociales prevé también “introducir una renta municipal para las familias que están por debajo del umbral de pobreza que complemente las prestaciones” hasta llegar a 600 euros. Este complemento tendría un coste de 25 millones.

Revisar privatizaciones y proyectos. BComú asegura que a la moratoria en la concesión de licencias para apartamentos turísticos añadirá la de nuevas aperturas de hoteles. Esta prohibición supondría revisar el proyecto del hotel del Deutsche Bank. También se compromete a revisar las ampliaciones de los centros comerciales La maquinista o Heron City y la gestión privada de las nuevas guarderías. También prometen “investigar y rediscutir las concesiones de concesiones cuestionables como la de la marina del Port Vell o la T-movilidad”.

Reducir salarios, eliminar coches oficiales y auditar entes como el Consorcio de la Zona Franca o la Fira. El cuarto capítulo lleva por título “acabar con los privilegios”. Contempla revisar los salarios en la línea del código ético de la coalición, que fija un tope de 2.200 euros mensuales, eliminar coches oficiales y dietas “injustificadas como las que se pagan por acudir a reuniones”; auditar entes como el Consorcio de la Zona Franca, la Fira de Barcelona; y revisar subvenciones como la que recibe el Circuito de Montmeló.