El Constitucional suspende la entrega de una niña a su padre suizo imputado

El Tribunal Constitucional ha escuchado a Desirée Vicente y ha suspendido la ejecución de un auto de la Audiencia de Madrid en el que se ordenaba la entrega de su hija, Olympia, a su padre, que está imputado por violencia de género en España. El viernes pasado, Vicente acudió a una comisaría de la localidad jiennense de Linares, donde reside, para entregar a su hija y así cumplir el auto, pero acudió sin ella. La mujer fue con un informe médico que señalaba el cuadro de ansiedad en el que había entrado la menor, de cinco años, y otro psicológico que alertaba del perjuicio si fuera obligada a ir con su padre, que reside en Suiza. El mismo día Vicente puso el recurso de amparo al Constitucional. Ahora el alto tribunal sienta doctrina con esta resolución, ya que es la primera vez que se pronuncia sobre el derecho de tutela o visita.

"La sección ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional", reza la resolución del Constitucional, que destaca la "urgencia excepcional" ante el "perjuicio de imposible o muy difícil reparación" que podría significar el envío de la menor al país centroeuropeo. "Estoy encantada, mareada, no me lo puedo creer. De momento es un alivio", declara Desirée Vicente tras conocer la noticia. "Estamos todavía en shock, absolutamente felices. Tenemos que asumir lo sucedido", declara Manuel Vicente, el padre de Desirée. La abogada de la mujer alertó el pasado viernes de que el amparo al alto tribunal era prácticamente la única opción viable para evitar que se ejecutase el auto, y que incluso podría "darse la paradoja de que Vicente fuese detenida por no entregar a la menor".

Tras dos años de trámites judiciales tanto en España como en Suiza desde el incidente de violencia de género que supuso la separación de la pareja ocurrido en 2013, la Audiencia de Madrid ordenó el pasado marzo que se hiciera efectiva una sentencia suiza en la que se indica que la menor debe volver con el padre. Ello a pesar de que el Juzgado 11 de Violencia contra la Mujer de Madrid había otorgado a la madre en 2014 la guarda y custodia de la menor.

En su resolución, el Constitucional ha ordenado que se informe de manera urgente de su decisión tanto a la Audiencia como al Juzgado de Violencia 11 de Madrid. "El padre jamás ha venido a España a declarar como imputado por violencia de género, se ha negado a mantener a la niña, ni si quiera la ve", aseguró Vicente el viernes, que movilizó al pueblo jiennense de Linares, donde vive, y a las redes sociales con el hastag #olympiasequeda, para que le apoyen en su lucha.

El padre, Phillipe Kitsos, considera que la madre, abogada de profesión y que compartió bufete en Suiza con él, ha tergiversado los hechos. "La imputación por supuesta violencia está inventada y basada en unas cartas, escritas por cierto por su abuela, porque aparecían un tigre y un lobo, animales favoritos de mi hija". Kitsos asegura que el informe médico del incidente producido en Grecia fue un arañazo, y ha sido archivado por la juez de violencia que estudió el caso. "Y no te pueden quitar una niña por un arañazo, cuya fotografía es un fotomontaje (...) La gente de Linares olvida que Olympia tenía actividades y amigos en Suiza y nadie le ha preguntado dónde quiere vivir". El padre subraya que la justicia suiza ha estimado ya que el traslado de la menor desde ese país por parte de su madre ha sido "un secuestro", por lo que él alegó ante la justicia el convenio de La Haya por vulneración de los derechos de la niña. 

Mientras, el abogado del padre, Adolfo Alonso, considera que se ha derivado un caso de menores hacia un maltrato entre adultos, y se pregunta si se ha vulnerado la igualdad entre hombres y mujeres. "¿Qué pasaría si hubiera pasado a la inversa, si el hombre se plantase y dijera que no entrega a la niña? ¿Estamos tratando a todos por igual? Se ha hecho escarnio público de un padre inocente que lleva 20 meses sin poder ver a su hija. Alguien tendrá que explicar por qué el Constitucional tarda meses en ver otros asuntos y aquí ha resuelto en tres días", concluye el letrado.