El centro comercial de Madrid Río se construirá sin licencia de obras

El gigantesco centro comercial que el grupo francés SCC proyecta en la ribera del Manzanares, junto al parque de Madrid Río, podrá construirse sin licencia de obra. Para hacer este complejo de 130.000 metros cuadrados bastará con la promesa del constructor de cumplir la legalidad. Así lo dicta la ley regional aprobada en 2012 por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), que adaptó una norma estatal pero con un cambio clave: eliminó el límite de superficie (300 metros cuadrados) que estipulaba la legislación nacional para permitir la apertura de comercios con sólo una declaración responsable del empresario.

La ley regional permite que incluso un centro comercial de las proporciones del proyectado en Madrid Río se vea liberado del control administrativo al que obliga la tramitación de una licencia de obra (por ejemplo, el informe de seguridad de los bomberos).

El decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), José Antonio Granero, ve “sorprendente” que “una obra con esa magnitud e impacto en la ciudad, tanto físico como en la movilidad, no tenga un estudio de tráfico específico” y se pueda iniciar sin licencia, lo que a su juicio “genera una falta de garantías para todos los agentes, promotor y técnicos, y para la sociedad en general”.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que el edificio será inspeccionado antes de su puesta en funcionamiento. Sin embargo, la ley regional permite no sólo la ejecución de las obras sino también el ejercicio de la actividad con sólo el compromiso del empresario de cumplir la legalidad, por lo que la inspección municipal no sería requisito previo para la inauguración del centro comercial.

Eso sí, si el Ayuntamiento descubre que, una vez acabado, el edificio incumple la normativa (por ejemplo, por resultar inseguro), podría no sólo multar al empresario sino ordenar el derribo.

Las sanciones económicas previstas en la ley regional oscilan de 600 a tres millones de euros. Y las infracciones graves o muy graves pueden obligar al promotor a “la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada a consecuencia de la actuación ilegal”.

El complejo tendrá 40.000 metros cuadrados de superficie comercial en tres plantas; albergará 180 tiendas y 30.000 metros cuadrados de zonas comunes; y un aparcamiento de 1.500 plazas. Lo promueve la Sociedad de Centros Comerciales de España, filial de SCC, que gestiona otros 25 complejos en todo el país y que se estrenó con La Vaguada en 1983 (el primer gran centro en Madrid).

Bautizado como Plaza Río 2, arrastra polémica desde sus inicios debido a los cambios introducidos por el gobierno municipal que dirige Ana Botella (PP) en su plan original, y por la fuerte oposición política, vecinal y del COAM.

El Ayuntamiento aprobó en junio de 2013 un plan urbanístico que permitía levantar un centro comercial de 40.000 metros cuadrados. En un principio incluía además una torre de 27 alturas y uso hotelero, y un espacio libre, continuador del viario, para comunicar las calles traseras con Madrid Río. Ambos desaparecieron en la aprobación definitiva del plan. Nadie echó de menos la torre (pese a incluir un mirador público en la azotea), pero sí el espacio libre que incluía el proyecto para abrir el barrio hacia el río.

De hecho, el decano de los arquitectos recuerda que el plan describe en su artículo cuatro las condiciones de ese espacio libre que debe atravesar la parcela. El proyecto actual lo ha cambiado por una calle interior (abierta en horario comercial). Ese bloque monolítico, critican los vecinos, será en una muralla frente al río.

El COAM presentó alegaciones ante el Ayuntamiento, que las desestimó (junto a otras 296 instancias) sin justificar las razones, según denuncia su decano.

Una vez concluido la tramitación administrativa, y cerrados los flecos urbanísticos pendientes precisamente en el último pleno municipal, en abril, el promotor quedó a expensas únicamente de conseguir la licencia de obra para empezar a construir el complejo.

Pero la ley regional 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial, aprobada en junio de ese año, convirtió en innecesario ese trámite. El Gobierno de Esperanza Aguirre permitió así la ejecución de obras y el ejercicio de la actividad “con la simple presentación” de una “declaración responsable, en la que el interesado manifieste que cumple con la legislación vigente”, además del proyecto técnico y el pago de las tasas.

Límite de 300 metros

Así viene recogido en la ley estatal 12/2012 de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Sin embargo, la norma estatal limita a un máximo de 300 metros cuadrados de superficie los comercios que pueden tramitarse sin licencia. La ley regional eliminó ese tope. Tanto es así que, cuando el Ayuntamiento quiso trasladar a una ordenanza la norma autonómica pero decidió incluir el límite de la ley estatal, la Comunidad la impugnó.

La ordenanza ahora en vigor no prevé pues ningún tope, lo que permitiría construir un rascacielos como las cuatro torres del paseo de la Castellana o un enorme centro comercial como el de Madrid Río con tan sólo una declaración responsable del empresario.