La Guardia Civil eleva a 1.300 millones las ayudas de la Junta sin justificar

La Guardia Civil ha elevado a 1.298 millones las ayudas para cursos de formación que la Junta concedió entre 2002 y 2014, y que están pendientes de ser justificadas. Sin embargo, los investigadores no tienen en cuenta en esta cifra, incluida en un reciente atestado policial, la revisión de expedientes que realiza ahora un equipo de funcionarios para poner al día estas subvenciones pendientes de revisar por parte de la Consejería de Educación, que heredó las competencias de la Consejería de Economía.

La juez Mercedes Alaya, que dirige la investigación sobre los cursos de formación de la Junta, avanzó hace un año el anterior cómputo derivado de las actuaciones: 950 millones en subvenciones pendientes de justificar entre 2008 y 2011. En la investigación judicial por malversación y prevariación, frente a la Guardia Civil y Alaya que critican el procedimiento utilizado para exonerar de forma temporal a las empresas de su obligación para justificar las ayudas, la Junta esgrime que estas exoneraciones firmadas por los exconsejeros de Empleo fueron legales.

La tesis policial acusa a los exresponsables de Empleo, entre ellos 16 ex altos cargos detenidos hace un mes, de urdir un plan para mantener un sistema de ayudas millonarias que quebró de manera sistemática la ley. Los agentes estiman que existió una coordinación entre la cúpula de la Consejería de Empleo y sus delegados provinciales para evitar la vigilancia de los fondos, favorecer sobremanera a ciertos empresarios y exonerarles de presentar las justificaciones de gastos.

Alaya interpreta que existió una intencionalidad por parte de la cúpula de Empleo para que las empresas, que recibían subvenciones año tras año para dar cursos de formación, estuvieran exentas de su obligación de justificar las ayudas recibidas. La clave está en si la ley permite que la excepción de eximir a ciertas empresas se haya ampliado a la generalidad de todas las firmas que recibieron ayuda, tal y como estableció la Junta durante años. Alaya acusó al Gobierno andaluz de “facilitar el clientelismo”.

El atestado policial subraya la “tendencia alcista” de las cantidades pendientes de justificar, que aumentan entre 2007 y 2012 y disminuye de forma considerable a partir de entonces. Si en 2010 fueron ayudas por 347 millones, en 2011 la cantidad se redujo levemente hasta 339 millones. Los exconsejeros de Empleo que firmaron exoneraciones entre 2009 y 2012 fueron Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila, imputados asimismo en el caso de los ERE.