Gabilondo reclama una ley del suelo que respete al ciudadano

Ángel Gabilondo, candidato socialista a la presidencia de la Comunidad, reclamó ayer “sustituir la actual legislación urbanística por una que respete el espacio público y compartido y el desarrollo sostenible social, económico y medioambiental”.

El candidato argumenta que es “indispensable” una ley del suelo y de reordenación del territorio que prime “la sostenibilidad y los intereses colectivos sobre los de los particulares”. Y así, en lugar de permitir construir “casas en medio del campo”, cree que hay que abogar por la rehabilitación y políticas urbanísticas que generen “lugares habitables” dotados con servicios públicos. “Solo ha importado ganar dinero de cualquier manera, por encima de todos”, sostuvo Gabilondo.

El exministro aprovechó una visita ayer a Navalcarnero —“un municipio horadado y excavado”, en sus palabras— para hacer este anuncio. El lugar, una localidad de 25.000 habitantes y 114 millones de euros de deuda, no había sido elegido al azar. Su alcalde desde 1995, Baltasar Santos —a quien el PP no ha dejado presentarse a la reelección—, está imputado por tres causas: prevaricación administrativa, por excavar cuevas bajo una plaza, y malversación de caudales públicos en un polideportivo.

Al exrector Gabilondo acompañaron en el estrado los candidatos socialistas a los pueblos de la zona —José Luis Adell en Navalcarnero, Silvia Bonilla en Torrejón de Velasco, Ismael Abad en Griñón y Valle Luna en Moraleja de Enmedio— caracterizados por su desorbitado endeudamiento y el reventón de la burbuja del ladrillo. “Hoy aquí, en este lugar, reivindico que se generen espacios para la transparencia, la gestión y la honradez”, dijo Gabilondo. “Que nunca nadie se apropie de ni medio euro de las instituciones públicas para beneficio privado”.

En tres de estas cuatro localidades del sur de Madrid gobierna el PP y la oposición tiene un papel residual en número, aunque combativos en los plenos e incluso los tribunales. Moraleja de Enmedio arrastra una deuda de 27 millones de euros —con 4,5 millones de presupuesto— y la investigación de la Cámara de Cuentas por un contrato de suministro de alumbrado por 15 años con Cofely, una empresa francesa implicada en el caso de corrupción Púnica. Nadie ha sido imputado. A diferencia de Torrejón de Velasco (4.100 habitantes y 12 millones de deuda), donde el pasado otoño fue detenido por el caso Púnica su alcalde, Gonzalo Cubas, cuñado del cabecilla, David Majariza.

Nueve empresas de la trama Púnica han hecho negocios en Torrejón. Además, según la Cámara de Cuentas, los inventarios y los saldos municipales no guardan “concordancia alguna”. Y en Griñón exconcejales populares y el PSOE desbancaron al PP tres meses después de las elecciones de 2011. Su motivo: una deuda municipal de 16 millones. El alcalde, Juan Ramón Navarro, les acusó entonces de moverse por intereses urbanísticos, los que Gabilondo asegura querer frenar.