Navalcarnero sigue horadando el pueblo pese a la orden judicial

Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero desde 1995 y expulsado del PP a mediados de abril por estar imputado en tres procesos, no ha renunciado a uno de sus proyectos más polémicos: las cuevas bajo la plaza principal de la localidad, de 25.000 habitantes. El PAÍS ha comprobado en las últimas semanas cómo el Ayuntamiento ha acelerado las obras, paralizadas por la justicia en 2011 a raíz de una denuncia presentada por el PSOE. Los trabajos tampoco cuentan con el permiso de la Comunidad, que pese a ello no ha actuado con rapidez ante las últimas denuncias de la oposición ante la Dirección General de Patrimonio Histórico. El Consistorio no ha dado ninguna explicación pese a las llamadas de este diario.

El Estado concluye que el alcalde ha cometido “fraude de ley” en el proyecto

Testigo de primera mano de los trabajos es Manuel Muñoz, vecino de una de las casas más solariegas de Navalcarnero. El acceso principal a la red de galerías excavada, de varios kilómetros de extensión y reciente construcción —el equipo de Gobierno afirma que datan de hace 350 años, mientras que la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, afirmó en marzo, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, que “no existían” hasta que se empezaron a construir en 2004—, pasa justo por debajo de su vivienda. “Me preocupa que se derrumbe. ¡A veces se oye a las vigas moverse!”, cuenta. Recuerda que lleva denunciando las obras desde el verano de 2011, poco después de que el tribunal ordenase su interrupción. “Yo no soy de los que se rinden, estoy a punto de cumplir 80 años y no me voy a presentar antes mis padres ya fallecidos ahí arriba y decirles que he perdido la casa”, avisa mientras echa un vistazo desde una terraza de su propiedad al patio de un edificio municipal donde se afanan una decena de operarios. No le resultan ajenos, como da a entender una denuncia ante la Guardia Civil. “Los obreros que salían de la obra han negado en todo momento que estuvieran trabajando allí, lo cual es de risa, ya que estaban ataviados con monos de trabajo, sucios de tierra y llevaban diversas herramientas de trabajo para la carga de escombros”, recoge el atestado, de 2011.

Aunque los obreros han colocado una malla para dificultar el seguimiento de sus idas y venidas cargando materiales o sacando escombros, es posible entrever los trabajos a través de ella. Fuera del recinto no es raro encontrarse con las huellas de ladrillo y arena de la rodada de un tractor que, a la vista de cualquiera, descarga escombros en un camión. Un lugareño, que pide no ser identificado, apunta incluso los hábitos de los albañiles, que entran a trabajar sobre las siete de la mañana, desayunan sobre las diez y hasta faenan de noche. “Hacen horas extraordinarias, para ver si abren las cuevas antes de las elecciones”, confía otro vecino que tampoco quiere ser identificado. Santos se presenta a las elecciones por Unión Reformista Ciudadana, un partido al que le han seguido siete de los concejales que tenía el PP. El regidor gobierna con 12 ediles, el PSOE con siete, IU con uno y el Partido Democrático Popular (PDAP) también con uno.

El portavoz municipal del PSOE, José Luis Adell, advirtió al Gobierno regional en un escrito, registrado ante Patrimonio el 26 de marzo, que las obras bajo la plaza de Segovia “nunca han cesado”, pese a la paralización ordenada por el Ejecutivo de Ignacio González. El líder de la oposición acompañó la denuncia con varias fotografías tomadas a obreros en distintos días y realizando diversas tareas. “Se ha llegado a conectar mediante el subsuelo con el inmueble de la plaza de Segovia número 24 [enfrente de la casa de Manuel Muñoz, al otro extremo de la plaza], por el que se pueden ver operarios metiendo materiales de construcción”, destacaba la denuncia, entre ellos “material eléctrico”. El PSOE reclama una inspección urgente y exhaustiva de los técnicos de Patrimonio “para delimitar el ámbito de actuación de tales excavaciones”, así como su “clausura y precinto para preservar la seguridad de las personas y edificios”.

Ante los avisos, la Comunidad no ha actuado con la celeridad que cabría esperar. El pasado día 15 el director general de Patrimonio, Fernando Carrión, envió una carta al alcalde. En ella le comunicaba que la Comunidad había sido alertada de “nuevas y recientes intervenciones” en las cuevas, “al parecer con el objeto de su apertura al público”. Carrión daba un plazo de diez días al Ayuntamiento para verificar si era así, tras recordar que el Consistorio debería contar previamente con la autorización de Patrimonio, al ser la plaza y su entorno un bien de interés cultural. “El Gobierno regional es partícipe de este despropósito. ¿Por qué no realizan una inspección por sorpresa? ¿A qué se debe esa falta de prisa?”, critica Juan Benito, del PDAP.

La Intervención General del Estado concluye en un informe durísimo que el alcalde ha cometido un “fraude de ley” por las irregularidades del proyecto, al que se habrían desviado millones de euros de otras partidas municipales. Navalcarnero tiene los presupuestos prorrogados desde 2008, con unos ingresos en teoría de 35 millones de euros y una deuda de al menos 115 millones.