Maeztu cumple dos años como defensor al ralentí

Prostitutas, inmigrantes, presos, enfermos mentales… cuando a diario la Junta y los 700 Ayuntamientos andaluces dan la espalda a las personas más vulnerables, la puerta a la que llaman tras descartar la vía judicial que no pueden pagar es el Defensor del Pueblo.

Durante 17 años, el sacerdote José Chamizo peleó por sus derechos frente a las Administraciones hasta que en 2013 Jesús Maeztu tomó el relevo. Las cifras de su gestión, conocidas recientemente, revelan una menor rapidez para resolver los casos —que siempre son urgentes al tratarse de vulneración de derechos fundamentales—, ralentización que algunas asociaciones y técnicos de la propia institución elevan a una parálisis injustificada en ciertos casos. El excura Maeztu, de 73 años, admite que debe imprimir un mayor ritmo pero defiende que la complejidad de los asuntos requiere "argumentos profundos y muy madurados".

Cuando una queja llega a la oficina, tarda de media 36 días en ser admitida y 261 en resolverse, los peores datos desde 2006 (ese año la media fue de 146 días). En 2014 también descendió levemente el número de quejas presentadas ante la oficina (6.123) de las 6.296 de 2013, pese a la virulencia de la crisis. “Hay que corregir porque hemos sido muy exigentes (…) en la tramitación de los expedientes queremos una respuesta y apuramos quizás demasiado y este año lo tendremos en cuenta”, avanza.

A tenor de las críticas, la sombra del cura Chamizo parece demasiado alargada. Mientras que PSOE y PP alaban su gestión, los colectivos que defienden los derechos de los desfavorecidos y trabajan con la institución a diario reproducen el mismo defecto: la escasez de quejas ante el Gobierno andaluz por su mal funcionamiento y la tardanza en tramitarlas.”Cuando transmites la urgencia, pides que sea una reunión rápida. Para el Centro Polivalente de Sevilla, con 28 grandes dependientes y con una amenaza de cierre, tuve que utilizar diferentes vías y al final tuvimos una semana de retraso”, lamenta Carlos Aristu, de acción sindical de CC OO. “Con Chamizo podía salir mejor o peor, pero daba igual la Administración. Llamaba al consejero o al alcalde y esa independencia tiene que ver con cómo acabó”, añade. Los partidos políticos (PSOE, PP e IU) pactaron nombrar a Maeztu después de que Chamizo denunciara las “peleítas” en el Parlamento.

Ante las críticas por su debilidad ante la Junta, el defensor subraya su independencia con uñas y dientes y rechaza que exista un conflicto ético por sus vínculos con el Ejecutivo y el PSOE. Maeztu es amigo “de toda la vida” del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. “¿Qué tiene que ver la amistad para que yo sea más o menos beligerante?”, inquiere.

Su jefa de gabinete es la ex directora general de la Junta y exconcejal sevillana Ana María Gómez, y su esposa, Juana Gomar, es funcionaria y secretaria general de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta. “Es un sambenito con el que tengo vivir. Por mi trayectoria, soy un enamorado de la situación de los débiles. A mí me guía el punto de vista del ciudadano”.

Esta primavera el Ministerio del Interior ha negado la entrada de técnicos de la Institución en la cárcel de Córdoba, un conflicto en el que Maeztu tardó un mes en intervenir pese a que la ley garantiza su entrada en todas las prisiones andaluzas. Ante la falta de solución al problema, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) pidió auxilio a los grupos políticos del Parlamento y les pidió que intervinieran ante la alarma generada al quedarse los presos sin la supervisión de los técnicos de la institución. Finalmente el Gobierno central dio marcha atrás ante la gravedad del asunto.

“Me tomé el tiempo suficiente para que Instituciones Penitenciarias me explicara (…) pero no ha habido caso en estas competencias (…) Yo decía que había que esperar unos días”, alega el defensor. APDH ha rechazado valorar la actuación de Maeztu en la crisis.

Sobre su implicación en los temas sociales, Miquel Araguas, presidente de Andalucía Acoge, valora su “línea continuista”: “Sí se ha echado en falta más contundencia en algunos casos y la presencia que tenía antaño Chamizo en los medios”. Mientras, Luis Ocaña, portavoz del grupo de juristas 17 de Marzo, censura: “Es una gestión muy light y descafeinada. Creemos que le ha echado más agua al café. En la identificación de los policías y la coordinación de los Cuerpos es donde menos se ha avanzado”, dice sobre el excomisionado del Polígono Sur de Sevilla.

La responsable de Institucional y Empleo de CC OO, Nuria López, opina que el problema “no es tanto de las personas como de las instituciones”: “Hay dos formas de matar las instituciones, una haciéndolas desaparecer y otra haciéndolas languidecer en el tiempo. Fortalecer la democracia es fortalecer las instituciones y eso significa recursos públicos”.

Las críticas de los colectivos contrastan con las alabanzas de los políticos. “Las comparaciones nunca son buenas. En la etapa de Chamizo fue una institución que conoció Andalucía entera. Estos dos años nos demuestran que la oficina está muy consolidada”, resalta la exconsejera socialista de Bienestar, Micaela Navarro.

Carlos Rojas, del PP, enfatiza: “Se esfuerza por alcanzar las cotas y para atender todos los casos”. Y José Antonio Castro, de IU, critica su gestión pero defiende al organismo: “Está claro que la oficina ha bajado en cuanto a la atención de demandas. Siempre reclamamos un papel máximo cuando los derechos sociales son masacrados. Solo pedimos que esté a la altura, aunque tampoco queremos hacer una moción de censura de la institución”.

Una técnica que trabaja con personas con exclusión pide el anonimato y opina: “Cuanto más incómodo sea el defensor, más se evidenciará que su función está bien hecha”.