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El TSJ rechaza apartar a un juez de Gürtel por vínculos socialistas

Crespo y Pérez argumentaban que Climent trabajó en el Ejecutivo valenciano del PSOE

Juan Climent, a la derecha, se dirige al Tribunal Superior valenciano con otros jueces. Ampliar foto
Juan Climent, a la derecha, se dirige al Tribunal Superior valenciano con otros jueces.

La juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano María Pía Calderón ha rechazado la petición de miembros de la trama Gürtel de apartar al magistrado Juan Climent del primer juicio a la red corrupta, que se suspendió hace unas semanas y se retomará en junio. Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, considerados cabecillas del grupo de Francisco Correa basaban la recusación en el hecho de que Climent trabajó en Presidencia de la Generalitat valenciana hace tres décadas, cuando gobernaban los socialistas.

El recurso de Crespo al que se adhirieron otros acusados señalaba que Climent había sido "secretario general técnico en la Consejería de Presidencia de la Generalitat Valenciana en la época en la que su Gobierno estaba presidido por Joan Lerma". La llegada de Climent al TSJ "fue auspiciada por el Grupo Parlamentario Socialista". En el juicio ejercen la acusación popular "cuatro diputados del Partido Socialista". Climent compartió "competencias estrechamente coordinadas con quien también era cargo político en aquel mismo órgano y ahora líder del PSOE valenciano", Ximo Puig. Y, siempre según los recurrentes, existió una "relación orgánica y, en su caso, ideológica del magistrado concernido con el Partido Socialista".

Climent "emitió un informe" ante la petición de recusación "rechazando la causa de recusación". El magistrado afirmó que no tenía "relación alguna de amistad íntima ni enemistad manifiesta con ninguna de las partes del proceso", que las afirmaciones de "coincidencia y relación" con Puig "no son ciertas" y que no ha sido "militante de ningún partido".

La juez Calderón concluye que la petición de los acusados es "extemporánea" y no "individualiza" el fundamento concreto de la recusación, esto es, la "amistad íntima o enemistad manifiesta" tal y como prevé la ley. "Los hechos afirmados y que dan apoyo a la causa invocada sucedieron hace más de 30 años y se publicaron en distintos Diarios Oficiales por lo que, no alegándose desconocimiento previo y siendo públicos y notorios, ha de inferirse que eran conocidos por la parte desde antes incluso del inicio de la fase de juicio oral. Así las cosas, el recusante debió plantear la recusación nada más conocer la composición de la Sala competente para enjuiciar la causa", hace casi dos años, resuelve la magistrada.

La petición conlleva, según la juez, un "evidente ánimo dilatorio" comprobable por la "falta de concreción y la absoluta inconsistencia de la causa aducida". La instructora manifiesta que Crespo, a quien condena a pagar las costas del incidente de recusación, "pudo actuar con manifiesto abuso de derecho". La magistrada acaba el auto citando al Tribunal Supremo: “Aunque la astucia pueda ser una de las habilidades legítimamente desplegables en el proceso, no es institucionalmente admisible reducir el proceso a un simple juego de astucia cuyo único objetivo sea perturbar a la parte contraria y confundir a los tribunales, desperdiciando tiempo, trabajo y recursos económicos en aquello que ni tan siquiera tenía que haber comenzado”.

El primer juicio a la trama Gürtel está centrado en las adjudicaciones de la Generalitat vinculadas a la presencia de la Administración autonómica en la feria Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. Junto a los cabecillas de la red se sientan en el banquillo varios excargos públicos, como la que fue presidenta de las Cortes Valencianas y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, que se enfrenta a una pena de 11 años de cárcel.