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Sanxenxo reclamará 900.000 euros a la Iglesia por una operación fallida

Telmo Martín pactó una compra de terrenos a punto de dejar la alcaldía

Telmo Martín (izquierda) con Alberto Núñez Feijóo
Telmo Martín (izquierda) con Alberto Núñez FeijóoLalo R. Villar

La fiebre del ladrillo de Sanxenxo en la década pasada dejó una resaca de crisis, imputaciones y úlceras en el presupuesto municipal. Aún pendiente del juzgado por sospechas de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, el gobierno de Catalina González (PP) busca en el epílogo un poco de alivio económico reclamándole a la Iglesia 923.000 euros por unos terrenos comprados en 2006 por orden de su compañero de partido Telmo Martín, dos semanas antes de abandonar la alcaldía. El fin declarado era levantar viviendas baratas para jóvenes y abrir un vial. Pero no se hizo.

 Martín quería sacarle partido al plan de urbanismo expansivo que aprobó en 2003 y el cura de Padriñán quería arreglar el techo de la iglesia. Así empezó la negociación, que se concretó en un convenio a finales 2005. Durante el año siguiente siguieron negociando flecos y el 1 de diciembre de 2006 rubricaron la venta en escritura pública. El negocio, con un costo total de 1,55 millones de euros según las partes, incluía un abono inicial de 694.000 euros que el entonces alcalde —y candidato de nuevo para las elecciones municipales de mayo— efectuó en el acto, con dos cheques, 5630.00 euros para el Arzobispado y 132.000 para la parroquia de San Ginés. También se comprometió el pago del nuevo techo de la iglesia y la urbanización de una parcela que se asignaría a la parroquia para que construyese la casa rectoral. Y después se preveía, en siete años, una serie de desarrollos en el planeamiento municipal, incluido el cambio de la calificación jurídica de una de las tres parcelas, que a su vez abarcaban dos polígonos de ejecución distintos. Más adelante, también se pagaría la nueva casa parroquial. El pacto también disponía liberar de impuestos municipales a la Iglesia, siempre alérgica al fisco.

Firmado y con el adelanto en manos apostólicas, Martín emprendió el camino de Pontevedra. Su sustituta, Catalina González, no se aplicó en seguir adelante con la tarea. En 2007 y 2008 se hicieron sendos pagos —el nuevo techo de la iglesia, fundamentalmente— por otros 229.000, según acreditan fuentes municipales. Desde entonces el documento permanece en un cajón, sin que la oposición tuviese acceso al expediente, ni en la legislatura de 2007 ni en la que ahora se agota.

Hasta que en noviembre de 2014, expirado el plazo para desarrollar el proyecto, el Ayuntamiento de Sanxenxo encargó un informe jurídico a un bufete externo para ver cómo se podía resolver el contrato y recuperar el dinero. El estudio, aún secreto, entiende que hay una cláusula que lo permite y que posibilitaría evitar que la Iglesia reclame una indemnización.

“Estoy orgullosísimo de ese convenio, lo volvería a firmar”, defiende Martín, a punto de entrar en campaña para volver a la alcaldía, de nuevo con el PP. “Tiene todos los informes técnicos y si se pierden los terrenos se recupera el dinero”, dice. Sobre la oportunidad de firmar de espaldas a la corporación un acuerdo que vincularía a sus sucesores cuando estaba a punto de abandonar la alcaldía, destaca que “no se firmó nada que no se pudiese pagar” y asegura que, aún comparando la valoración del suelo con el peor momento de la crisis, los términos del acuerdo eran favorables.

Respecto a las razones de acordar de forma privilegiada con la Iglesia la venta de unas fincas en dos polígonos distintos antes de involucrar a los demás propietarios, Telmo Martín defiende que la fórmula elegida permitía abrir un vial que descongestionase la próxima calle Progreso, vía de entrada a la villa de Sanxenxo por la carretera de la costa.

Catalina González discrepa de que las condiciones fuesen ventajosas. Según una portavoz, “el actual gobierno no está de acuerdo con los términos del convenio, que se formalizó en una época de bonanza económica”. Añade que “no tiene sentido llevar a cabo el desarrollo en tiempos de crisis, cuando el valor ha bajado” e insiste en que “las cuantías recogidas en el convenio son desproporcionadas”. “La Xunta aprobó otras leyes y el Ayuntamiento no hizo nada”, despeja Martín.

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