El Gobierno central cree “idóneo” el plan de restauración de Fertiberia

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera “idóneo” el plan de la empresa de fertilizantes Fertibera para la recuperación ambiental de los terrenos de marisma de Huelva degradados por los fosfoyesos, residuo resultante de la producción de ácido fosfórico. Esta resolución sobre el proyecto, presentado en octubre de 2014, responde a la petición de información solicitada por sentencia de la Audiencia Nacional en 2010, que obliga a la factoría a restaurar el espacio, zona marítima terrestre y a las administraciones, central y autonómica, a coordinarse para su aplicación con garantías ambientales.

El departamento de Isabel García Tejerina precisa que esta valoración no es “la aprobación” definitiva, que requerirá de la pendiente evaluación ambiental de la Junta de Andalucía.

El plan de Fertiberia, elaborado por una empresa norteamericana, contempla el soterramiento de los residuos para evitar filtraciones. Los trabajos tendrán una duración de diez años y un coste de 66 millones de euros.

El Ministerio ha informado además a la Audiencia Nacional de que los organismos a los que se les pidió que evaluaran el plan de la compañía, como son la Empresa de Gestión de Residuos Industriales (Emgrisa), el Centro de Experimentación de Obras Públicas (Cedex) y el Instituto Geológico y Minero de España (Igme) también consideran “valido” el proyecto.

“Como conclusión, cabe señalar que el Proyecto constructivo de clausura de las balsas situadas en el término municipal de Huelva es un proyecto válido e idóneo para la recuperación ambiental de los terrenos ocupados por las balsas de fosfoyesos”, señala el informe del Ministerio.

El Ministerio subraya que “el informe remitido a la Audiencia Nacional es preliminar y está condicionado, ya que, si bien considera apto el proyecto, exige a la empresa Fertiberia que incorpore estudios y justificaciones adicionales”.

En este sentido, Fertiberia deberá incorporar mejoras en su plan relacionadas con “el material empleado para cubrir los depósitos, el drenaje de las balsas y la estabilidad dinámica ante posibles terremotos”.

La empresa tiene hasta el próximo 30 de abril como plazo máximo para la presentación de un estudio que recoja “la justificación del espesor de la cubierta mineral, de forma que no suponga un impedimento para desarrollar una cobertura vegetal adecuada”.

En cuanto a los drenajes, tiene hasta el 29 de mayo para realizar “ensayos hidrodinámicos para obtener los parámetros que regirá el proceso de secado de los fosfoyesos” y hasta el dos de noviembre de 2015 para presentar un estudio de estabilidad dinámica ante seísmos y actualizar su plan de emergencias.

En la actualidad hay 750 hectáreas de fosfoyesos acumuladas desde hace 23 años en unas balsas de 30 metros de altura a unos 500 metros de la ciudad. El resto de ese residuo hasta alcanzar las 1.200 hectáreas está bajo suelo fruto de un anterior proyecto de restauración de ese suelo.

La Mesa de la Ría, un colectivo social contrario a que se cubran los fosfoyesos y personada en el proceso judicial contra la empresa, ha calificado de “traición” el visto bueno dado por el Gobierno. Rafael Gavilán, portavoz de la Mesa de la Ría señaló este viernes que era “un día triste para la ciudad” y reprochó al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez y al Partido Popular, el haber cometido “una traición sin precedentes” a la ciudad. Gavilán lamentó que el ministerio haya optado por la alternativa “más barata” y haya desoído las dos propuestas que elevó la Mesa de la Ría que consistían en la retirada total de los residuos y su inertización. “Es la opción que más beneficia a la empresa y que condena a Huelva a tener para siempre un foco de contaminación y un riesgo para la salud de las generaciones venideras”. La Mesa de la Ría cree que todavía se puede revertir la situación y ha anunciado que acudirá a la vía judicial y a la movilización ciudadana para evitar que se ejecute este proyecto.