Antonio Fernández y el exinterventor de los ERE declararán ante el Supremo

El juez instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha citado a declarar como imputados al exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández el martes y el jueves de la próxima semana. Ambos comparecerán para aclarar extremos sobre el diseño del fondo para empresas en crisis del Ejecutivo autónomo, asunto por el que están imputados los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

La Fiscalía del Supremo había reclamado la comparecencia de Gómez y Fernández, y ahora el instructor ha aceptado dicha petición. Ambos ex altos cargos están ya imputados en el procedimiento que instruye la juez Mercedes Alaya —Fernández incluso ingresó en prisión preventiva— pese a lo que el alto tribunal les cita como acusados y no como testigos, para proteger sus derechos en este complejo caso. Ello a pesar de que una persona no puede estar imputada en dos procedimientos al mismo tiempo.

Fernández declaró durante cuatro extensas jornadas ante Alaya, mientras que Gómez condensó en un solo día las cuestiones técnicas del fondo de los ERE. Entre 2003 y 2009 la Intervención General denunció en 15 informes el procedimiento administrativo empleado y el agujero que causaba en las cuentas del Ejecutivo, aunque en el juzgado Gómez defendió su legalidad.

La semana pasada el exinterventor pidió de manera expresa su comparecencia ante el Supremo y acusó a Chaves y Griñán de mentir, para a continuación tildar de "indignas" sus declaraciones como imputados, basadas "en un cúmulo de invenciones". Ayer matizó: "El instructor y el fiscal han entendido que mi testimonio es relevante para la causa que se instruye allí, luego lo lógico es que preste declaración allí y no en el juzgado de Sevilla (...) No puedo declarar como testigo, porque sufriría mi derecho de defensa", estimó.

Los expresidentes de la Junta defendieron en el Supremo que ignoraron el fraude porque la Intervención no dictó un informe de actuación, una fórmula que habría encendido la alerta roja del menoscabo de fondos públicos. Gómez rechaza de plano esta línea de defensa.