El juez archiva la causa contra Pelayo por el rescate de los autobuses

El magistrado del Juzgado de Instrucción número cuatro de Jerez, Valeriano Palomino, ha archivado la querella que presentó la empresa Urbanos Amarillos contra la alcaldesa María José García Pelayo y cuatro delegados del gobierno local por el rescate del servicio de transporte colectivo. El juez concluye en un auto que el proceso de municipalización fue legal y “ajustado a derecho” y cierra el caso sin llegar a tomar declaración a un último imputado, el propietario de las cocheras donde estaba aparcada la flota de autobuses.

La compañía denunció a la regidora del PP, a buena parte de su equipo y a varios técnicos del Ayuntamiento por prestar el servicio de transporte haciendo uso de una flota de vehículos que es propiedad de Urbanos Amarillos y que la administración jerezana ni ha devuelto ni ha pagado desde que municipalizó los autobuses. El juez llamó a declarar el pasado noviembre a García Pelayo por los delitos de apropiación indebida y estafa y la semana pasada tomó declaración en calidad de imputados a cuatro concejales populares, entre ellos, el portavoz municipal y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña. Tras los interrogatorios y la petición de archivo formulada por el fiscal, el magistrado ha terminado por sobreseer el caso.

El archivo de la querella es un importante alivio para la alcaldesa del PP, que hasta ahora encabezaba una lista a las municipales de mayo con tres candidatos colocados en los puestos de salida imputados por los delitos de prevaricación, apropiación indebida y estafa.

Minutos después de conocerse la resolución del magistrado, el gobierno ha convocado a los medios de comunicación para defender la actuación municipal, anunciar posibles acciones legales y acusar al PSOE de "conspiración".

La alcaldesa Pelayo se ha limitado a mostrar su “alegría y satisfacción” por el auto y ha reducido la querella de la empresa a “una estrategia de presión de Urbanos Amarillos” en pleno proceso de negociación por la liquidación del contrato municipal. Ha ido más allá el parlamentario andaluz, portavoz del gobierno jerezano y también secretario general del PP en la provincia. Según Saldaña, la antigua concesionaria de autobuses ha sido “una herramienta en manos del PSOE para arruinar el servicio de transporte público y para utilizarlo como arma electoral en contra del PP”. En este punto, ha lamentado el daño “político y mediático” hecho en la campaña de las autonómicas andaluzas de marzo tras su imputación y ha avanzado que estudia iniciar acciones legales contra Urbanos Amarillos así como contra representantes de partidos políticos, como el PSOE e IU, para defender su “derecho al honor” por las “calumnias” que se han vertido contra él y otros compañeros después de que los imputara un juez por tres delitos tras la demanda interpuesta por la compañía.