Los vecinos califican de electoralista la concesión de licencias en El Cabanyal

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y candidata a la reelección, necesitaba un gesto del Gobierno español para desbloquear la concesión de licencias al barrio de El Cabanyal y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se lo sirvió en bandeja el pasado sábado en Valencia durante la presentación de la candidatura de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat. “En el proceso de revisión de la orden [del Ministerio de Cultura, que suspendió el plan urbanístico municipal porque expoliaba el patrimonio histórico del barrio], el Ayuntamiento podrá otorgar licencias de manera rigurosa y caso a caso, como nos gusta hacer las cosas a la gente del PP”, dijo literalmente la número dosdel Gobierno español.

Alfonso Novo, concejal de Urbanismo de Valencia, aseguró que está a la espera de que el anuncio se concrete por parte del ministerio, de manera que el servicio de Licencias y Actividades pueda dar salida a todas las peticiones que estaban concluidas hasta el último detalle, a falta únicamente de aprobar su concesión. “A partir de ese momento se van a poder autorizar todas”, apuntó Novo, quien explicó que hay 40 solicitudes de licencia en cola y, tras el anuncio, pueden presentarse muchas más.

La asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar y la plataforma Salvem El Cabanyal reaccionó al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno. Ambos colectivos calificaron la declaración de “electoralista porque no busca otra cosa más que abrir una puerta al callejón sin salida en el que se había metido Rita Barberá”. Según los vecinos la orden de Cultural, de diciembre de 2009, no impedía la concesión de licencias en el barrio marinero. “Impide derribos y actos de deterioro del conjunto histórico protegido pero no peticiones de obras dirigidas a protegerlo y conservarlo”, argumentaron los vecinos.

El bloqueo de licencias en esta zona de la capital —que ha contribuido a que el entorno se deteriore todavía más desde que el Ayuntamiento decididió congelarlas en 2010— no se justifica, añaden los vecinos contrarios a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta la playa. “La interpretación de la orden fue aclarada en 2010 por la Abogacía del Estado”, que ya estableció que se podían conceder siempre y cuando no se derribaran casas. “Como abogada del Estado [de carrera], la vicepresidenta debe conocer el alcance de aquel informe que, aunque no es vinculante, supone una interpretación autorizada de lo que pretendía la orden de protección”, continúan. A esta afirmación, el concejal delegado de Urbanismo replicó que hay una sentencia que avala el bloqueo de licencias por causa de la Orden ministerial.

Joan Calabuig, portavoz socialista municipal, abundó en la misma idea. “Aquel informe determinó que se podían conceder licencias de obra en El Cabanyal-Canyamelar y, por lo tanto, la alcaldesa lleva cinco años causando sufrimiento a los vecinos de esta zona y perjudicando la actividad económica en el conjunto de la ciudad”.

La asociación vecinal y Salvem deshicieron lo que entienden como otro de los equívocos creados en torno a la revisión de la orden. Según sus informaciones, el Ministerio de Cultura no revisará la orden antes de que el Ayuntamiento apruebe el nuevo plan del Cabanyal. “Hacerlo supondría vulnerar la normativa vigente y podrían incurrir en prevaricación”.