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La Guardia Civil defiende al Gobierno central en el ERE de la mina onubense

Los agentes acusan al exconsejero Viera y eximen a los cargos del Ministerio de Trabajo

El alcalde de Sevilla y exdelegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido (segundo por la derecha) en un acto el pasado diciembre. Ampliar foto
El alcalde de Sevilla y exdelegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido (segundo por la derecha) en un acto el pasado diciembre.

La Guardia Civil ha defendido el papel del Gobierno central en el ERE de la minería de la faja pirítica de Huelva, el de mayor entidad subvencionado por el fondo de los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya. En el atestado sobre el expediente, que en 2003 benefició a 1.169 personas, los investigadores defienden la actuación del Ministerio de Trabajo, cuyas subvenciones sumaron 34 millones destinados a las pólizas de 332 extrabajadores. Los agentes denuncian la existencia de 334 personas con irregularidades en sus pólizas, que podrían ser considerados intrusos.

Los investigadores estiman que la intervención del Ejecutivo central, representado entonces por el exdelegado del Gobierno y alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, fue legal tras la firma del acuerdo marco de 2002. “Tras realizar 15 resoluciones y siguiendo el procedimiento administrativo reglado (...) alcanzó a pagar en fecha sus compromisos de pagos”, subraya el informe policial. Sin embargo, en el análisis sobre “trabajadores a los que se les ha detectado alguna irregularidad”, los agentes incluyen 189 personas que recibieron ayudas del Ministerio de Trabajo en una póliza de Vitalicio, y otros 39 prejubilados con menos de 55 años, el umbral máximo establecido en la negociación. Los investigadores evitan explicar por qué los cargos del Gobierno central carecen de responsabilidad penal. Las irregularidades se focalizan, según el informe, en el desarrollo de las ayudas desde la Junta.

Los agentes piden a la juez la imputación por prevariación y malversación del exconsejero y diputado a Cortes José Antonio Viera —imputado en el Tribunal Supremo— y de los exdirectores generales Javier Guerrero y Juan Márquez. La Junta aportó 138 millones a este ERE, incluidas comisiones “elevadísimas”.

Mientras, los agentes subrayan que las noticias de las supuestas irregularidades llegaron tanto a la Consejería de Empleo como a la Presidencia de la Junta y al Parlamento andaluz. “Curiosamente, todos y cada uno de los individuos que reclamaban (...) eran incluidos posteriormente en alguna de las pólizas”.

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