La ‘ilusión’ de ser propietario

Como Mariano Rajoy, David Cameron, el líder de los conservadores británicos, confiaba en la mejora de los indicadores económicos en la última parte de la legislatura para conjurar la irritación social que ha provocado la austeridad y conquistar así el apoyo de la ciudadanía en las elecciones del 7 de mayo. Como Rajoy, Cameron ha intentado crear la “percepción” de que lo peor de la crisis ha pasado y que a partir de ahora todo irá bien gracias a las políticas aplicadas. Pero las encuestas, tanto en Reino Unido como en España, no dan señales de que esta estrategia esté haciendo mella en el cuerpo electoral. En la mayoría de los sondeos, el partido de Cameron aparece empatado con los laboristas, pese a que estos también están lejos de haber superado la crisis de credibilidad y liderazgo que les apeó del Gobierno. Y en España, las encuestas no solo vaticinan el hundimiento del PP, sino un tablero electoral en profunda mutación.

Estando en el poder, no resulta difícil orquestar una estrategia destinada a modular una percepción positiva de la realidad. Basta con que todos los cargos del Gobierno y el partido salgan a repetir una y otra vez el mismo mensaje por todos los medios posibles. Pero ahora chocan con un problema de credibilidad. ¿Qué razones tienen los ciudadanos para creer a quienes les han engañado tantas veces? Por otra parte, se puede modular una determinada percepción a partir de la realidad, pero no en contra de la realidad. En un país con una tasa de paro del 23,7%, en el que cerca del 40% de los desempleados no cobran prestación y hay 730.000 hogares sin ningún ingreso, es difícil sostener que hemos salido del bache. La gente tiene múltiples oportunidades de cotejar el discurso oficial con su propia experiencia. Si tenemos un paro juvenil del 52,4%, eso significa que en todas las familias hay uno o varios jóvenes con el futuro quebrado. Y que los padres están tan preocupados por el provenir de sus hijos como por sus propias pensiones.

Ante la evidencia de que la baza de la economía no es suficiente para asegurar la reelección, tanto el partido de Cameron como el PP intentan un amago de giro social de última hora. El Partido Conservador británico sorprendió hace unos días con un manifiesto electoral en el que se incluyen algunas medidas estrella destinadas a captar/comprar el voto de las capas medias heridas en su poder adquisitivo, pero también de los segmentos de la working class que se muestran indecisos. Medidas como la supresión del impuesto de sucesiones para herencias inferiores a un millón de euros o la concesión de 30 horas semanales de guardería gratuita para familias en la que trabajan ambos padres. Pero la que más ha sorprendido es una medida que resucita como ninguna otra el espíritu de Margaret Thatcher: el llamado derecho de compra por el que la dama de hierro permitió que muchos adjudicatarios de viviendas públicas de alquiler obtuvieran la propiedad a precios reducidos.

Cameron trata de captar votos dando el ‘derecho de compra’ a 1,3 millones de beneficiarios de viviendas sociales

El Partido Conservador promete ahora satisfacer “la ilusión de ser propietarios” a miles de familias humildes otorgando el derecho de compra a quienes se benefician de una vivienda social, ya sea pública o promovida por asociaciones privadas sin ánimo de lucro. En total, 1,3 millones de familias podrán acogerse, si gana el Partido Conservador, a esta medida, que supone un regalo importante, pues podrán comprar la vivienda con un descuento del 70% de su precio de mercado. Y venderla más tarde, claro está, si se tercia. Se ha improvisado así una especie de polea por la que permitir el “ascenso” social de unos cuantos, ahora que el verdadero ascensor social, el de la redistribución de la riqueza, está parado, creando así la apariencia de un reparto de la prosperidad que no es tal. Por supuesto, los posibles beneficiarios estarán tentados de votar a Cameron, porque tienen mucho que ganar. Pero la medida es profundamente antisocial. Primero porque elimina de un plumazo un extenso parque público de viviendas que ya existe y que, cuando se privatice, dejará de estar disponible para dar cobijo a los más necesitados. Quienes tienen adjudicada una vivienda social, no tienen problema alguno de techo. Hacerlos propietarios no resuelve ningún problema social. Y en segundo lugar, porque supone convertir directamente en beneficio privado un bien público construido con el esfuerzo de todos los contribuyentes.

Cameron sigue así las políticas de privatización de bienes públicos emprendidas por Margaret Thatcher, que han tenido nefastas consecuencias. El ejemplo paradigmático es lo ocurrido con los trenes de cercanías. El servicio ha empeorado y su coste se ha hecho prohibitivo, por eso Cameron promete ahora congelar las tarifas. El encarecimiento de la vivienda ha expulsado de Londres a muchos antiguos residentes que siguen trabajando en ella. El abono anual de tren desde una distancia de 80 o 100 kilómetros, algo habitual, cuesta 7.000 libras al año. En lugar de promover políticas para facilitar viviendas asequibles, lanza la promesa de que quienes ya tienen una vivienda social podrán alcanzar el sueño de ser propietarios. Y tal vez incluso especular con ellas. Es la típica receta neoliberal de convertir los bienes comunes en beneficio privado, creando la ilusión de que todos tenemos derecho a un pastel que en realidad se reparte cada vez entre menos.