La fiscalía avisa a Alaya de que la causa es ya “inabarcable”

La Fiscalía Anticorrupción alerta de que la juez Mercedes Alaya lleva a cabo una instrucción “sine die” en el caso ERE. Los fiscales avisan de que se enfrentan a una macrocausa "inabarcable" que sufrirá numerosas prescripciones de delitos, vaticina el ministerio público, dados los retrasos que arrastra la causa desde su inicio en 2011. Para evitar de una vez este peligro que Anticorrupción ha traído a colación con insistencia el último año, los fiscales han recurrido ante la Audiencia de Sevilla la negativa de Alaya para dividir el caso y hacerlo manejable.

El escrito de la fiscalía es más duro que de costumbre. A pesar de que la relación con la juez es tensa desde que se inició la causa, la fiscalía recrimina ahora a Alaya que con su actitud para negarse a dividir la causa al considerarla “inescindible”, entorpece el avance para lograr que se haga justicia. “No proceder a la división de la causa en piezas tal y como solicitamos se traduce primero en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada una de las piezas que han sido propuesta por esta fiscalía, lo que supone una instrucción sine die”. La fiscalía propone la división de la causa en tres grandes bloques sobre las ayudas concedidas, las sobrecomisiones pagadas a los intermediarios, y una última sobre el procedimiento de pago de los ERE.

La decisión de la Sección Séptima de la Audiencia —Sala que acogerá a Alaya cuando esta ascienda y abandone su juzgado de instrucción— llegará después de que el Tribunal Supremo apoyara a la fiscalía tras las acusaciones contra cargos aforados para dividir la causa en tres sedes judiciales: el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El matiz es que ahora la posible división afecta al corazón de la causa, que acumula ya 272 imputados, incluidos los cargos aforados, algunos de los cuales dejarán de serlo en breve.

En su escrito, Anticorrupción reprocha a Alaya que abra, “como consecuencia necesaria del resultado de las diligencias”, nuevas líneas de investigación traducidas en “una macrocausa de extensión temporal, subjetiva y material prácticamente inabarcable”. Mientras que los fiscales defienden que la causa debe dividirse en más de 200 piezas separadas por cada ayuda concedida, la juez arguye ante el Tribunal Supremo que la causa debe permanecer unida. El problema que acarrea esta consideración de unicidad de la causa es que los imputados deben esperar a que la Guardia Civil analice todas las subvenciones una por una, un trabajo que se retrasará durante los próximos años.

La fiscalía considera que su posición para dividir la causa es la más sensata y eficaz para lograr cuanto antes un enjuiciamiento de los responsables del fraude: “Se trata de dar una solución práctica, eficiente y necesariamente conforme a derecho a esta instrucción” para poder enjuiciar todos los delitos “en un horizonte temporal razonable”.

Los fiscales hacen un repaso en su escrito sobre las decisiones controvertidas de Alaya por las que rechazaba la práctica de ciertas diligencias sin apenas argumentación. Incluidos casos en los que en ocasiones rehusaba ciertos extremos y tiempo después las admitía sin que nada hubiera cambiado transcurridos varios meses. Anticorrupción entiende que el diseño que propone está incluso incorporado en algunos autos de Alaya.