La marcha de Camps de las Cortes abre otro embrollo judicial

La exclusión, confirmada este lunes, del expresidente de la Generalitat Francisco Camps de las listas del PP a las Cortes Valencianas y con ello la pérdida de su condición de aforado tienen como consecuencia un nuevo embrollo judicial. El caso Fórmula 1, en el que Camps está imputado con la exconsejera Lola Johnson y el expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar, abandona el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y recalará en la Audiencia de Valencia. Pero ese viaje entre sedes judiciales que demorará la tramitación de la causa puede ser de ida y vuelta, a la vista de las denuncias de socialistas y Esquerra Unida con las que arrancó la investigación.

La octava legislatura del Parlamento autonómico empezó con Camps imputado en el caso de los trajes, que forzó su dimisión como presidente de la Generalitat al mes de ser elegido. Y se cierra con Camps imputado por la organización del Gran Premio de Europa, la prueba urbana de Fórmula 1 que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012.

El expresidente ha negado irregularidades y ha destacado que la intervención de su Gobierno recibió los parabienes técnicos y jurídicos de la Administración. La Fiscalía considera que el entonces presidente incurrió en los delitos de malversación y prevaricación al hacer ver que el premio era organizado por la empresa Valmor Sports, cuando el trabajo y el gasto recaían en el Consell.

La juez que instruye el caso, María Pía Calderón, ha elevado las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior tras constatar que el Parlamento autonómico fue disuelto ante las elecciones del 24 de mayo y que se ha publicado “en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas la composición de la Diputación Permanente, no figurando entre sus miembros Francisco Camps”. Ahora, la no inclusión del expresidente en las listas autonómicas, de las que formó parte por primera vez en 2003, hace irremediable que el asunto salga del Tribunal Superior.

El procedimiento será repartido de nuevo, el magistrado tendrá que ponerse al día y los 60 testigos solicitados por el fiscal serán citados en los juzgados de Valencia.

Las denuncias del PSPV-PSOE y EU mencionaban presuntas irregularidades en la compra de Valmor Sports por parte del Gobierno autónomo en 2012, cuando Camps ya había dimitido como presidente y Alberto Fabra dirigía el Ejecutivo. La operación costó un euro al Consell, que a cambio asumió deudas por más de 30 millones.

La Fiscalía no ha rechazado que esa operación revista responsabilidad penal, pero ha centrado hasta ahora la investigación en el modo en que se montó el Gran Premio. Los socialistas sí mantienen que la compra de Valmor fue delictiva. La querella que presentarán en los próximos días para personarse en el caso se centrará en la etapa de Camps, porque fue la que admitió investigar el Tribunal Superior. Pero su objetivo será que la justicia esclarezca si Fabra y el resto de miembros de su Consell, algunos de los cuales sí forman parte de las listas autonómicas populares, cometieron algún delito. Ello sería una investigación con aforados, de la que solo puede encargarse el Tribunal Superior de Justicia.