Abanderados de la ‘nueva política’

El proceso soberanista catalán, ahora ya en la recta final independentista, ha dado la oportunidad a Convergència Democràtica de presentarse como abanderada de la nueva política.Una CDC empeñada en el derecho a decidir el futuro de Cataluña, verbalmente comprometida en dar la voz a los ciudadanos, trata de eclipsar los aspectos cotidianos de su práctica con la proyección futura. Con la operación —a la que ha contribuido un Gobierno central que ha judicializado toda relación política— ha querido difuminar las señas de identidad del viejo partido fundado por Jordi Pujol.

Convergència intenta surfear sobre la ola de la nueva política. El partido de Artur Mas se aferra a la balsa independentista, compitiendo con Esquerra por hacerse con la bandera de la regeneración. Eso sí, las pulsiones son difíciles y controlar y, con frecuencia, emerge el sórdido viejo mundo del que Convergència dice abjurar, como ha sucedido hace unos días con el consejero Boi Ruiz. El titular de Salud ha resucitado —con la ayuda de Esquerra y de la ex consejera socialista Matina Geli— viejos tics: ha hecho oídos sordos al veto temporal a la creación del consorcio sanitario de Lleida y a la venta de los datos de usuarios de la sanidad, medidas expresamente tomadas por el Parlament. Pero el clamor soberanista permite que CDC pase sobre las tablas de la vieja política ocultando el crujido de la madera carcomida.

Desde 2012, Convergència quiere marcar distancias con el PP. La CDC de Mas, hasta aquel año, comulgaba con los recortes y el techo de déficit presupuestario. Pero la salida de las masas soberanistas a la calle y el pacto con Esquerra han modificado aparentemente su posición y le han hecho ver la luz de la socialdemocracia. Ahora fía el Estado del Bienestar a una Cataluña independiente, en la que podrá aplicar lo que ahora asegura que es impracticable: el keynesianismo en un solo país.

¿Qué queda de aquella federación nacionalista que aprobó el plan de rescate de las autopistas radiales de Madrid (sí, del lejano Madrid), por el que el Estado debería afrontar la responsabilidad patrimonial (un monto de 4.500 millones de euros)? Desde su vuelta al poder y hasta 2012, CiU dio luz verde a los decretos de recortes de los servicios públicos como sanidad o educación, incluida la congelación de salarios y plantillas. También validó el texto sobre deudores hipotecarios que cerró la puerta a la dación en pago. Se abstuvo en el decreto que yugulaba las ayudas a las energías renovables, por no citar su voto favorable a la reforma laboral. Sí, todo esto está muy bien, se argumentará, pero forma parte del pasado. ¿Qué sucede en 2015, cuando ya ha enarbolado la bandera de la nueva política?

Aparte de la polémica sobre el voto sobre la lucha antiyihadista, que generó una sonada fitna —guerra interna— entre la comunidad de creyentes de Unió y de Convergència, CiU ha dosificado su apoyo el PP. Pero ha votado las medidas impulsadas por el PP que pretenden combatir la corrupción en los partidos, publicadas el pasado 31 de marzo en Boletín Oficial del Estado. La ley en cuestión deja fuera de regulación la reducción del número de aforados y no cierra, de hecho ni siquiera menciona, las llamadas puertas giratorias que tantas jornadas de gloria han dado a los partidos que se han perpetuado en el poder. Tampoco se amplía el periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados, ni se blinda la independencia de los órganos de supervisión, ni se regulan de los grupos de presión, los lobbies. Eso sí, reconoce expresamente que los dirigentes del partido “pueden” llegar a ser elegidos por todos los militantes, algo que no practican ni PP ni Convergència, para quienes las primarias son una suerte de ejercicio emparentado con el anarco-sindicalista.

En ese paquete legislativo presuntamente anticorrupción y por la transparencia, las competencias autonómicas quedan a resguardo, pues la aplicación de las medidas, por ejemplo, sobre altos cargos quedan en manos —asegura el PP— de lo que decida el Gobierno de la comunidad autónoma. Eso precisamente ha sido lo que ha movido a CiU y a PNV a dar su sí a la ley promovida por el PP. El indulto sigue vivo incluso para los casos de corrupción, con la novedad de que cada seis meses el ministro de Justicia deberá dar explicaciones ante el Congreso. Y los viajes de los parlamentarios, de los que el presidente extremeño José Antonio Monago fue un distinguido usuario, continuarán inaccesibles, en la zona brumosa del Olimpo. En definitiva, una ley que, en el país de los Gürtel, los ERE y los Pujol, se antoja insuficiente.

Paralela y simultáneamente a su actuación de Madrid, CDC se ha apresurado a suscribir el pacto independentista con ERC para la recuperación del Estado del Bienestar, tan eficazmente destruido en los últimos años en Cataluña, y para expresar la “voluntad inequívoca de regeneración democrática, transparencia, rendimiento de cuentas, participación ciudadana y lucha contra la corrupción”. Es difícil imaginar esa nueva política a luz de los hechos, cuando todo se fía a un sorteo de la independencia en el que Boi Ruiz puede actuar de niño de San Ildefonso.