Tres candidatos a la Alcaldía de Manilva declaran como imputados

El caso de presunto enchufismo masivo en el Ayuntamiento de Manilva (Málaga, 14.451 habitantes) ha vuelto a dejar una imagen insólita. Tres candidatos que pretenden convertirse en alcalde de este pueblo en las próximas elecciones municipales del 24 de mayo han comparecido este viernes como imputados en el Juzgado número 5 de Estepona por su presunta implicación en una de las piezas separadas del procedimiento, que supera en total los 2.000 folios y que hace seis meses derivó en la dimisión de la que era alcaldesa, Antonia Muñoz, investigada junto a otros miembros de su familia.

Ante la juez Isabel Conejo desfilaron el actual regidor, Diego Urieta, y otros cuatro miembros de su equipo de gobierno, que se dieron de baja de IU junto a Muñoz en junio de 2013 después de que el coordinador provincial de esta formación, José Antonio Castro, presionara para forzar la salida de la exalcaldesa. Ahora en el grupo de no adscritos, Urieta pretende revalidar su cargo en los comicios locales con el partido Compromiso Manilva. Todos se acogieron a su derecho a no declarar, según el alcalde, por consejo de su abogado tras pedir sin éxito que la citación se suspendiera por lo voluminoso que es el procedimiento. Su intención, dijo, es comparecer voluntariamente cuando se documente y avance la instrucción.

También estaban citados en el juzgado el candidato del PSOE a la Alcaldía, Diego José Jiménez, y el ya exconcejal socialista Salvador Zotano (también fue alcalde hace dos mandatos de este municipio, el más occidental de la línea de costa de Málaga), que dejó su acta hace solo unos días tras conocer su imputación en este caso. Completaron las comparecencias el número uno de la Agrupación Socialista de Manilva, Emilio López Berenguer, y su número dos. López Berenguer, expulsado del PSOE hace años, vuelve a concurrir a las elecciones con su formación independiente.

La rama que ha llevado a los tres candidatos a alcalde a los tribunales se centra en supuestos pagos del Ayuntamiento a empresas de la exregidora, su marido y otros familiares directos. El germen de todo el caso Manilva está en la denuncia presentada en 2009 por el comité del Consistorio por la contratación de miembros de la lista de IU, de familiares de Antonia Muñoz y de parientes políticos de estos. Un informe de la Guardia Civil concluyó la existencia de un “considerable” número de contratos realizados al margen de la ley, supuestamente más de 400 con distintas irregularidades: altas y bajas, gratificaciones, empleos temporales convertidos en indefinidos o trabajos en los que “no consta” la función concreta del beneficiado.

La tercera línea de investigación son algunas transferencias sospechosas del Ayuntamiento a distintas sociedades municipales, supuestamente, para eludir los controles de fiscalización.