Quizá fue un error

No se trató de una declaración espontánea, ni mucho menos del núcleo de la entrevista. Pero, interrogada unos días atrás por el director de La Vanguardia, Esperanza Aguirre Gil de Biedma aplicó el manual que recomienda, ante un público receptor no demasiado propicio, establecer con él algún hilo de complicidad. Y lo dijo, aunque fuese con la boca pequeña y en modo subjuntivo: “Es posible que fuera un error pedir el voto contra el Estatut”.

Es más de lo que han dicho o dirán nunca Rajoy, González Pons, Cospedal, Floriano, Arenas y todo el brain trust del PP, ese que tiene por lema “¡que hable alguien!” Pero, sin quitarle ni un ápice de mérito a la lideresa madrileña, tal vez convenga tomar pie en sus dudas para reexaminar, una década después, el alcance y las consecuencias de aquella decisión estratégica.

Comencemos por precisar que el PP no se limitó —como afirma púdicamente Aguirre— a “pedir el voto contra el Estatut” en el referéndum de junio de 2006, ni siquiera a votar contra él en todas las instancias y fases de su itinerario legislativo previo (Parlamento de Cataluña, Congreso de los Diputados, Senado), lo cual hubiera sido perfectamente normal y lícito en democracia. Hizo mucho, muchísimo más: criminalizó el texto en términos apocalípticos (“España está al borde del abismo”, “el nuevo Estatuto está podrido hasta la médula, y nada puede limpiarlo”, “todo es lo mismo: el Estatuto y la negociación con ETA”...); excitó la catalanofobia con anuncios y recogidas de firmas por toda España; y boicoteó sistemáticamente los intentos de su entonces líder catalán, Josep Piqué, por hallar vías de compromiso, hasta forzarle a dimitir ya en julio de 2007.

Y luego, cuando a pesar de tantos esfuerzos un Estatuto nuevo —de ambiciones sensiblemente rebajadas respecto al proyecto de 2005, desde luego— fue plebiscitado y entró en vigor, el PP se apresuró a presentar contra él recurso de inconstitucionalidad. Un recurso que no tenía precedentes desde 1978 y que, si bien era legal, quebraba los consensos político-territoriales básicos de la Transición. Un recurso que, con la complicidad ideológica del PSOE y de buena parte del establishment jurídico, desembocó en la humillante y demoledora sentencia de principios del verano de 2010.

Así, pues, el PP de la señora Aguirre no “pidió el voto contra el Estatuto”. El PP saboteó, dinamitó, se cargó el Estatuto. Y la ahora candidata a la alcaldía de la Villa y Corte no se quedó atrás en la escalada de tremendismos de sus compañeros de cúpula contra Piqué y contra “el régimen totalitario nacionalista-socialista” que el Estatuto de 2006 supuestamente propiciaba.

Pero volvamos al interrogante inicial de la condesa de Murillo: votar contra el Estatuto, ¿fue un error? Depende de para quién. Por ejemplo, para el independentismo catalán preexistente, para el que estaba definido como tal desde principios de los años 1990, fue una bendición. Sin el rol del PP y de sus coros periodísticos durante el bienio 2004-2006, aquel independentismo que atraía a una horquilla del 10% al 16% de los votos, concentrados en un solo partido, no habría podido ni soñar, un decenio después, con expectativas de voto entre el 40% y el 50%, repartidas además entre cuatro o cinco siglas ideológicamente dispares.

En cambio, para quienes creían aún posible encajar razonablemente la realidad nacional catalana en un Estado español pluriidentitario, supuso una catástrofe. Sin el recurso de inconstitucionalidad del PP y, por tanto, sin la subsiguiente sentencia del Tribunal Constitucional, el Estatuto “cepillado” en el Congreso y aprobado en referéndum hubiese podido dar lugar, como su predecesor de 1979, a quince o veinte años más de ambigüedades, de tiras-y-aflojas competenciales, de pactos del Majestic, del Ritz o del Palace, de peixos al cove y de expectativas más o menos ilusorias acerca del talante o las promesas de un nuevo inquilino en la Moncloa. Hoy, en aquel espacio, sólo flotan restos del naufragio; pero el torpedo que hundió al paquebote de la conllevancia lo disparó el Partido Popular, conviene recordarlo.

¿Y para este, para el PP, fue un error el boicoteo al Estatuto? Con la perspectiva que ofrecen los años transcurridos, me parece indudable que sí, y un error garrafal. En aras de la aspiración —frustrada— de cargarse a Rodríguez Zapatero en 2008 o incluso antes, el partido de Rajoy se alienó irremisiblemente a una porción enorme del electorado catalán y, encima, amamantó a sus ubres mediáticas un competidor, Ciudadanos, que parecía insignificante y ha resultado temible. Al mismo tiempo, empujó al nacionalismo moderado hacia la radicalidad, porque la castración del Estatuto inducida por los populares mostraba que, dentro de la Constitución, sólo cabe una Cataluña autonómica, regionalizada y marginal.

En 1980, la incapacidad de la Unión de Centro Democrático para gestionar las aspiraciones andaluzas de autogobierno marcó el inicio del declive de aquel partido, que desaparecería dos años después. El PP no es la UCD, cierto. Pero veremos qué pasa durante este 2015.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.