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Baltar mantiene a un alcalde que hizo ventas ilegales a la Diputación

El regidor de Cualedro dimite como diputado tras facturar 186.000 euros en gasolina

El secretario de la institución disculpa el caso como un “error administrativo”

Luciano Rivero, en el centro, durante una votación en un pleno de la Diputación de Ourense.
Luciano Rivero, en el centro, durante una votación en un pleno de la Diputación de Ourense.

La Diputación de Ourense pagó “ilegalmente” durante el último lustro 186.000 euros en gasolina a la empresa de uno de sus diputados, el alcalde de Cualedro, Luciano Rivero. Esta operación ilegal, según un informe del secretario general del organismo, le ha costado el escaño a Rivero, en cumplimiento del código ético impulsado por el presidente, Manuel Baltar. Sin embargo, el PP ourensano, liderado igualmente por Baltar, lo mantiene en su puesto como regidor y candidato para las elecciones locales de mayo, a pesar de que su gasolinera también vende combustible al Ayuntamiento que él mismo dirige. Consultada por este diario, la dirección popular “no se pronuncia” sobre su permanencia en la política local, a la que llegó heredando el bastón de mando de su madre, Marina Cuquejo, regidora durante 27 años, desde la Transición hasta que falleció en 2006.

El secretario de la Diputación certifica que la empresa “está incursa en la prohibición de contratar desde 2011 al estar participada en un 16,66 % por un diputado provincial”. A pesar de que califica la operación como “ilegal”, el alto funcionario —hijo del exbarón popular de Lugo Francisco Cacharro— concluye que los reiterados repostajes “se debieron a un error administrativo sin que existan, en principio, responsabilidades legales”. Y es que "no constan instrucciones de ningún órgano para que se repostase combustible en esa estación de servicio, ni consta tampoco que existiera ninguna intervención del diputado en tal sentido”. Según aclara, los conductores de los vehículos públicos rellenaban el depósito en esta gasolinera situada a 55 kilómetros de la ciudad de Ourense por su “emplazamiento próximo a la autovía” y no porque nadie se lo ordenase. El informe detalla que “no cabe” exigir la devolución de lo facturado.

La legislación y la jurisprudencia estipulan que existe una prohibición de contratar con todas las personas jurídicas en las que un cargo público tenga una participación superior al 10 %. A pesar de que “objetivamente se produjo una ilegalidad”, el informe evita señalar a un responsable: “No concurrió, en ningún momento, una voluntad, ni por parte de los órganos de la Diputación o de sus empleados públicos, ni por parte del diputado partícipe de la sociedad afectada, de infringir el régimen de prohibiciones de contratar vigente”. Tras ordenar “verbalmente” que no se repostase más combustible en la estación de servicio, para evitar la comisión de otras ilegalidades sin autor conocido, el secretario propone confeccionar “un listado de empresas o entidades afectadas por la prohibición de contratar”, que deberá ser distribuido entre todos los departamentos del organismo.

El código popular que aparta a Rivero del grupo provincial, por ahora, mantiene su límite ético en la puerta de la Diputación. En enero, otro informe del mismo secretario ya certificó la “existencia de una prohibición” que también impide a los vehículos municipales de Cualedro repostar en la empresa del alcalde. Los 9.000 euros que el Ayuntamiento factura anualmente en combustible van a parar íntegramente a la gasolinera cuyo accionariado y puestos directivos están copados por el regidor y sus familiares. Su hermana figura como apoderada y su tío fue gerente hasta marzo de 2012. El accionariado de la sociedad está repartido entre Rivero, su hermana y dos de sus tíos. Casualmente, la otra estación de servicio del pueblo está regentada por la portavoz municipal del PSdeG.

El regidor y todavía diputado —que es funcionario de su Ayuntamiento tras aprobar unas oposiciones convocadas por su madre— presenta su renuncia forzado por el “principio de conducta y ejemplaridad” del código ético, ya que, asevera, “debemos eludir cualquier acción u omisión que pueda perjudicar ni siquiera de forma mínima la imagen institucional y minar la confianza de la ciudadanía”. Asimismo, insiste en que el informe sobre los cobros a la Diputación, elaborado por el secretario tras denunciar el PSdeG los hechos, concluye que “no hay responsabilidad legal de ningún tipo por mi parte y que la facturación realizada a la citada empresa se debió a un error administrativo”. Por otra parte, el BNG anuncia que va a reclamar información “sobre si otros diputados del PP pudieran estar en una situación semejante a la de Rivero”.