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Conciertos para todos

No resulta nada complicado rastrear las renuncias y adaptaciones con las que la izquierda valenciana, tras veinte años de dura oposición, se presenta a las elecciones

Suele recordar Íñigo Errejón cuando habla de hegemonías exitosas y sus efectos que la más acabada prueba de hasta qué punto la revolución conservadora de Margaret Thatcher en el Reino Unido cambió profundamente la sociedad británica es que, tal y como señalaba ella misma con indisimulada satisfacción, Tony Blair y su nuevo laborismo acabó integrando entre muchas de sus líneas de acción política no pocos principios directamente transplantados del programa conservador que sólo una generación antes habrían sido inconcebibles para cualquier laborista. De manera simétrica, no resulta nada complicado rastrear las renuncias y adaptaciones con las que la izquierda valenciana, tras veinte años de dura oposición, se presenta a las elecciones. Con espíritu tan alegre y alborozado –o quizás más aún, ante la perspectiva de tocar poder, que hace más llevaderas ciertas cosas- como todavía en 2011 algunos, y no sólo el PP valenciano, se presentaron a las elecciones prometiendo más y mejor Fórmula 1 y parques Ferraris a gusto de todos, las fuerzas de la actual oposición afrontan la cita de dentro de dos meses que está llamada a cambiar el color del gobierno valenciano con la explícita vocación de decirles a los ciudadanos que no se preocupen en exceso, que las líneas básicas de su acción política van a ser las mismas que las del PP. ¡Faltaría más!

“Agua para todos”, el urbanismo ladrillero de baja estofa como seña de identidad, un modelo económico basado en servicios que requieran cuanta más mano de obra no cualificada mejor o la tópica pero inane reivindicación de un mejor trato económico desde Madrid a esta Comunidad Autónoma tan inocentona e inofensiva como carente de valentía o alternativas se han convertido en consensos tácitos de los que, a la vista está, nadie osa apartarse en demasía. Parece que la convicción profunda de quienes aspiran a destronar al PP es que la ciudadanía está harta de los políticos de este partido pero que, en cambio, anda muy contenta y convencida con la orientación básica de casi todas las políticas públicas desplegadas estos últimos veinte años. ¡Incluso clamores populares tan evidentes como la necesidad de atajar los excesos contra la convivencia de ciertas actividades mercantiles muy molestas que se amparan en las Fallas y otras fiestas populares son ignorados por las supuestas alternativas, temerosas de que alguien pueda pensar que tienen en verdad algún tipo de modelo económico, social o de convivencia diferente a lo ahora existente y que vaya más allá de cambiar a quienes lo gestionan! Será porque, a la vista está, el modelo en cuestión, claro, ha funcionado fenomenal…

Donde más evidente resulta está “peperización” de los espíritus es en las ideas dominantes sobre cómo han de gestionarse los servicios públicos. Aunque todas las experiencias empíricas que hemos vivido se empeñan en demostrarnos -y si alguien tiene alguna duda al respecto le basta coger el coche y acudir a cualquier punto de nuestro país tomando la AP7- que eso de la gestión privada de ciertos servicios públicos no acaba de ser un buen negocio a medio y largo plazo para la colectividad y los intereses de todos, por mucho que permita un festín considerable a unos pocos, resulta sorprendente el predicamento creciente que el modelo suscita en la izquierda valenciana. Y eso, en campaña electoral. Cuando toque gobernar y gestionar la cosa será peor, porque siempre es más cómodo -por no hablar de la de gente a la que puedes hacer muy feliz- encargar ciertas tareas a las empresitas de ese género tan español como es el “emprendedor del BOE” -en nuestro caso, del DOCV-. Y ello a pesar de los muy negativos efectos que podemos constatar por doquier en la mayor parte de los servicios públicos que han acabado prestándose en lo que probamente llamamos “gestión indirecta”. En el mejor de los casos, como ha constatado por ejemplo en 2013 el nada bolchevique Tribunal de Cuentas del Reino de España para ciertos servicios locales, el quebranto es como mínimo económico, porque el coste suele subir con la aparición de estos intermediarios. En el peor, como ocurre con la sanidad o la educación, a este encarecimiento se le unen efectos segregadores y de liquidación de la calidad del servicio, produciendo como consecuencia brechas sociales enormes y peligrosísimas de futuro.

A pesar de ello, y aunque al menos formalmente la manifiesta evidencia del desastre económico que ha supuesto el “modelo Alzira” ha hecho que la oposición mantenga como exigua línea roja la crítica en cuanto al recurso a este sistema para la sanidad, basta echar un vistazo a las manifestaciones electorales de los artistas antes conocidos como “oposición de izquierdas al PP” en materia educativa, por ejemplo, para echarse las manos a la cabeza. El PSPV está totalmente a favor de los conciertos, e incluso reclama –con justicia- su paternidad y además presenta como cabeza de lista por Valencia a una persona que justamente representa las supuestas virtudes de ese modelo de gestión privada de los servicios públicos –aunque en otro ámbito-. Más sangrante aún es el caso de Podem, partido supuestamente llamado a hacer de vector de transformación y cambio social, cuyo candidato, Antonio Montiel, ha declarado explícitamente que el modelo de conciertos satisface plenamente al partido y que nada de cambiar cosas ahí. Circulen. Incluso Esquerra Unida o Compromís, que mantienen en esto posiciones más comprometidas con la escuela pública, suelen acompañar su genérica proclamación de intenciones de acabar con los conciertos educativos de algunos bemoles, cuando menos, significativos: una secuenciación temporal que largo nos lo fía, por un lado, y algún reconocimiento siquiera sea simbólico a ciertos conciertos (cooperativas, escoles en valencià….), por otro, que transmite indirectamente la idea de que no toda segregación producida en materia educativa como consecuencia de los conciertos es totalmente mala. Ciutadans y la ya en proceso de extinción UPyD, por su parte, y como corresponde a partidos que aspiran a recabar el voto de quienes creen en las bondades de la diferenciación por cuestiones económicas y de clase (al que llaman “mérito”, incluso en los supuestos en que el mérito, en su caso, sería de los papás y no de los niños en cuestión), están totalmente a favor de los conciertos.

Las posiciones de partidos como EU, Compromís y, sobre todo, PSPV y Podem son tanto más sorprendentes cuanto a prácticamente ningún elector medianamente progresista -e incluso a una mayoría de los conservadores, cuestión distinta es el juicio que ello les merezca- se le escapa que los conciertos son un elemento clave en la destrucción del modelo educativo público que idealmente habría de ser clave para garantizar la igualdad de oportunidades. Incluso quienes, dentro de la izquierda, optan por este modelo a título individual tienen muy claro que ello tiene las consecuencias sociales que tiene. Nadie se llama ya a engaño a este respecto, por mucho que pueda intentar “salvar” a sus hijos de la quema, aun agravando el problema, debido a su nula confianza en que el proceso sea ya, a estas alturas de la degradación, revertible. Nula confianza más que justificada, la verdad, a la vista de los timoratos programas electorales que nos presentan las alternativas de izquierda. Y eso justo ahora que tienen todo a favor y que, además, lo tienen, precisamente, por la constatación espectacular y a todos los niveles del fracaso del modelo basado en las políticas conservadoras, lo que contribuye a que uno se quede particularmente perplejo ante la defensa de ciertas posiciones. Perplejidad que es mayor aún cuando se constatan los efectos muy negativos que la experiencia comparada permite recopilar sobre el modelo (Suecia, por ejemplo, donde recientemente se han constatado los enormes problemas de segregación, fraude en resultados y calidad de la enseñanza asociados a ir desmantelando por esta vía la red pública) y se desmonta el tradicional argumento económico (países con Alemania con una red pública tradicional gastan casi lo mismo en términos absolutos por alumno, y obviamente menos en términos relativos a PIB, que nosotros, a pesar del supuesto “ahorro” que debiera aportarnos esto de concertar y externalizar a mansalva).

Nuestra actual oposición, sin embargo, en lugar de presentar y explicar las alternativas a un modelo manifiestamente fallido opta por presentarse, voluntariamente, como continuadora de las políticas educativas del PP valenciano y de su modelo de gestión. Nada define mejor una sociedad, su igualdad y su justicia, pero también su futuro, que sus colegios. Y, sobre todo, nada la explica mejor, mirando a veinte o treinta años vista, que los colegios a los que van los niños de entornos más desfavorecidos y socioeconómicamente débiles y compararlos con aquellos a los que van ciertas elites o, sencillamente, las clases medias y profesionales. Aplicar este sencillo test al País Valenciano, a día de hoy, resulta preocupante y descorazonador. Sin embargo, al parecer, la solución es perseverar con el modelo de estos años e, idealmente, acabar de garantizar el sueño de una sociedad donde, también en educación, el lema sea un rotundo… ¡conciertos para todos! 

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