Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La larga sombra del trullo

"En los círculos politizados se especula acerca de las consecuencias electorales de estos juicios [caso Gürtel...] en marcha y pendientes", sostiene el autor

Vaya, lo han conseguido. El juicio que se había iniciado en Valencia por la pieza tres del caso Gürtel -montaje de los pabellones valencianos en Fitur desde 2005 a 2009 a favor de Orange Market por un importe de cinco millones de euros- queda aplazado hasta mediados de junio. Las defensas de los procesados se han salido con la suya. La santabárbara procesal del derecho español, tan garantista, está bien dotada de ardides y recursos legalistas para frenar o malherir un proceso, sobre todo si está mal instruido, como es el caso, debido a la complejidad del mismo, la carencia de recursos materiales y personales del sistema judicial y también a la torpeza, circunstancias que los inculpados han aprovechado para huir de la larga sombra del trullo que les amenaza. No obstante, este propósito dilatorio, el aplazamiento y enmienda de errores puede haber sido prudente a fin de evitar que una instancia superior absuelva por considerar que se ha vulnerado algún o algunos derechos fundamentales.

En tanto se produce el fallo definitivo -y sin prejuzgarlo- sí podemos glosar ciertos aspectos de este demorado pleito que se ha calificado de “montaje político” para aliviarlo de la carga penal, algo que el ministerio público se ha apresurado a desautorizar. Sin embargo, a nuestro entender, hay motivos sobrados para concluir que los referidos delitos que se juzgan, junto a los muchos desmanes que están en vías de procesamiento, responden a un montaje político acunado por el PP gobernante en esta comunidad de vecinos tan explotada y venida a menos. No se comprende un fenómeno delictivo tan extendido sin la complacencia o complicidad del poder institucional, él mismo sacudido por el Código Penal en sus más altas representaciones, ya sean presidentes de la Generalitat, de las Cortes o titulares de consejerías. Una perversión generalizada que a título individual ha de sustanciarse individualmente en los tribunales y corporativamente, en tanto que partido político, en las urnas.

Al PP valenciano le espera, como es sabido, un largo y penoso vía crucis judicial, o más prosaicamente una traca de asuntos penales de los que el referido es uno de los primeros y en el que se piden duras penas y altas fianzas a procesados por los delitos de malversación, prevaricación y cohecho, principalmente. El motor de toda esta delincuencia ha sido en casi todos los casos la codicia, la participación de un modo u otro en ese descomunal botín que Francisco Correa, el presunto capo di capi de la temible congregación, describía diciendo que “hay dinero para todos”, tanto al parecer como se le adjudicaba a un modesto fulano andaluz del que su madre aseguraba que tenía billetes bastantes para “asar una vaca”. Pero hay algunas excepciones, como es el caso de la exconsejera Angélica Such, para la que únicamente se pide inhabilitación, que ha sido víctima de su flaqueza ante las órdenes recibidas. No es la única.

En los círculos politizados se especula acerca de las consecuencias electorales de estos juicios en marcha y pendientes. Son una decena de notables causas y varias decenas de acusados que han de chupar banquillo. A la luz de los sondeos demoscópicos es evidente el desgaste del partido que nos gobierna, lo que delata cierta recuperación de sensatez y coherencia en el electorado valenciano. No es un cambio como para tirar cohetes, pero sí es del todo novedoso con respecto a las citas electorales precedentes, tanto más si consideramos que esa tendencia tiende a confirmarse. Esta vez va de bó.

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