El PP responde a Ruz

El pasado 23 de Marzo, un auto del juez Ruz afirmó que el PP tuvo una caja Ben su contabilidad durante 18 años, imputó a Bárcenas, Lapuerta y Páez como presuntos autores de un delito contra la Hacienda Pública y, seguidamente, declaró al PP responsable civil subsidiario por el delito atribuido a sus empleados. Es decir, que el PP deberá pagar las responsabilidades civiles que se exijan a Bárcenas y demás acusados, si estos no pagan.

El auto describe meticulosamente que los imputados recibían dinero en efectivo, pese a que la ley exige que se ingrese en cuentas corrientes de entidades de crédito abiertas exclusivamente pare ese fin. Lo entregaban personalmente individuos vinculados con sociedades del sector de la construcción, en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos. Este dinero se ingresaba fraccionando las entregas para no superar los límites legalmente establecidos. Con la misma meticulosa precisión, el auto describe el destino del dinero: retribuciones y sueldos complementarios del partido, campañas electorales y gastos de la formación política —incluidas las obras en la sede central y otras— y servicios especiales como el de una presentadora de TV por participar en un acto del PP o o del Instituto de Estudios Sociales de Pedro Arriola. Esos ingresos y gastos quedaban al margen de la contabilidad oficial del Partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas.

El juez, conforme con el criterio del fiscal y de la Audiencia, argumenta que esas donaciones y esos gastos, destinados a pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial, no cumplen con el requisito de transparencia legalmente establecido, por lo cual no están exentas de tributación.

El mismo día 23 de marzo, el PP hizo pública una nota de prensa en la que niega la existencia de la caja B, niega que exista obligación de tributar por lo que denomina “las supuestas donaciones que desconocía” y a continuación afirma que las donaciones a los partidos políticos siempre han estado exentas de tributación del impuesto de sociedades. La nota expresa una indisimulada irritación ante la osadía del juez, capaz de importunar al partido del gobierno, que, al parecer, se cree intangible e infalible. Y, en consecuencia, en el quinto y último apartado de la nota, el PP decía lo siguiente: “Con el debido respeto a las decisiones judiciales, el PP se reserva las acciones legales que le correspondan, en el ejercicio de su derecho de defensa, en el momento procesal oportuno”.

Como el mundo del derecho, de los procesos y de los leguleyos es tan endemoniadamente abstruso, críptico y ambiguo, conviene hacer un breve comentario sobre lo que el PP ha podido querer decir, o dejar dicho, con eso de “se reserva las acciones legales”.

Ejercer una acción legal es comparecer ante un juzgado o tribunal, con el correspondiente abogado, iniciando un proceso con la pretensión de obtener una condena, una declaración de derechos o cualquier otra tutela judicial. La acción legal es, necesariamente, contra alguien. La reserva de las acciones legales que anuncia el PP significa que se guarda para un momento posterior la posibilidad de acudir a un juzgado para actuar contra alguien. ¿Contra quien? Pues, lógicamente, si la nota quiere desautorizar al juez, será contra él contra quien ejercerá las acciones legales, en el momento procesal oportuno.

No era oportuno el momento en que el PP intentó colarse en el proceso fingiendo querer ser acusador, para defender sus propios intereses y ocultar sus irregularidades, ayudando subrepticiamente a Bárcenas en los primeros momentos. Su impostura quedó al descubierto y fue expulsado del proceso como acusador. Ahora su único derecho de defensa en este asunto consiste en defenderse como responsable civil, porque se le exigirá pagar lo que no paguen Bárcenas y compañía. Por lo tanto no será en este proceso, sino en otro, donde podrá ejercer las anunciadas acciones legales contra Ruz. Sin demasiados disimulos, está mandando un preocupante recado al juez. Parece estar diciéndole “Tu actuación contra el PP fracasará, y cuando acabe todo esto vamos a por ti”. Ante tan excesiva advertencia, expresiones de la nota tales como “con el debido respeto a las decisiones judiciales” y “en el ejercicio del derecho de defensa”, resultan hipócritas e inútiles.

Las acciones legales pueden ser acciones penales, en cuyo caso irían dirigidas a conseguir la condena de Ruz como prevaricador, con expulsión de la carrera judicial, y, posiblemente, además, pueden ser civiles para reclamarle una indemnización millonaria, insoportable con los ingresos de un funcionario público.

A primera vista esta amenaza debería parecer inviable, pero es escalofriante recordar recientes experiencias de otros jueces. Las veladas amenazas de quien tiene el poder nunca son gratuitas. Ejercer la independencia judicial en estos tiempos parece un oficio de alto riesgo.

Josep Maria Mena fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.