El alcalde socialista de Caldas será juzgado por malversación

El Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis decidió ayer sentar en el banquillo con jurado popular al alcalde de este municipio pontevedrés, el socialista Juan Manuel Rey, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Al regidor se le acusa de haber abonado con fondos públicos dos multas por negarse a acatar una orden de derribo de una vivienda.

 Nada más conocer la decisión judicial, Rey confirmó que no dimitirá y que se presentará a las próximas elecciones como independiente. “No quiero hacerle daño ni plantearle un problema al partido, pero esto trasciende más allá de la política y ya me afecta a mi vida personal por el cúmulo de irregularidades que subyacen en este proceso”, apuntó el alcalde, quien aseguró que los ediles socialistas también le han “animado a seguir”. La dirección del PSdeG no ha decidido si va a apartar al regidor de la candidatura del partido en cumplimiento de su código ético, que impone la dimisión de un cargo público en el momento de la apertura del juicio oral. Fuentes oficiales socialistas matizaron, sin embargo, que “este caso no deriva de un proceso de corrupción política”.

Rey denuncia que ha sido víctima de un “proceso anormal y absolutamente injusto”. “Me siento ninguneado y chuleado” por la justicia, dijo en declaraciones a Europa Press. El alcalde —que ganó las pasadas elecciones con mayoría absoluta— cree que la celebración de la audiencia preliminar del pasado día 17 para decidir si se abría o no juicio oral solo fue “un paripé ya que el resultado estaba decidido en ese momento”.

“Lamento ser de Caldas y del PSOE porque si fuese de Santiago y del PP, el resultado sería diferente”, añadió Rey, quien criticó que se dicten “sentencias como churros”, en alusión a que en la parte dispositiva del auto de apertura de juicio oral contra él figura el nombre del alcalde de Pontecesures en lugar del suyo. Un error que tuvo que ser corregido por el juzgado. “Con esto queda claro que se hizo un corta y pega de otro asunto”, censuró el regidor.

El caso se abrió tras la denuncia de un concejal de la oposición después de que el entonces primer teniente de alcalde pagase dos multas por importe de 2.050 euros con dinero del Ayuntamiento —cuando el alcalde estaba de viaje en Grecia— impuestas por el incumplimiento de dos órdenes de derribo de una casa construida en 2000 y cuya licencia fue otorgada por el antecesor de Rey con los informes técnicos favorables. Por ese pago, en su escrito de acusación el fiscal pidió para él una multa de 5.800 euros, además de dos años y medio de suspensión de cargo público, al apreciar “un evidente ánimo de destinar los caudales o los efectos públicos a unos fines ajenos a la función pública”.