Las Cortes reclaman una solución a las cuotas participativas de la CAM

Las Cortes valencianas han reclamado este miércoles que el Consell exija al Gobierno de España medidas para resolver los problemas de los pequeños ahorradores que adquirieron productos "tóxicos" de la CAM, y han pedido a la fundación de la CAM una "solución política" a los poseedores de cuotas participativas.

Esta es una de las conclusiones de la comisión de investigación sobre la intervención de la CAM por el Banco de España, que el pleno de aprobado hoy por unanimidad tras haber parado la sesión plenaria para alcanzar un acuerdo entre todos los grupos que sirviera de colofón a los tres años de trabajo de la comisión de investigación.

Las Cortes instan además al Consell a resolver los problemas de la fundación CAM, bien consiguiendo patrones entre el mundo financiero -especialmente entre los beneficiarios de la compra de la CAM, Banco Sabadell- o bien integrando su patrimonio al de la Generalitat para que se gestionen sus bienes desde la Administración pública.

Además, se reclama una nueva política legislativa para un mayor control del sistema financiero, en la que se aborde de forma decidida el papel de los organismos de supervisión y control, y se pide que se asegure una mayor protección de los consumidores, sobre todo frente prácticas abusivas y engañosas.

Otras recomendaciones son impedir que las dietas en las sociedades participadas vulneren el principio de gratuidad y que haya pagos en especie de elevada cuantía a los miembros de órganos de gobierno de las cajas. Sobre el Banco de España, se concluye que fue "negligente" en su labor de supervisión y control, lo que ha conducido a "un daño irreparable" y supone que ha habido "una colaboración necesaria y consciente del Banco de España en la política que se estaba llevando a cabo". Sobre el Instituto Valenciano de Finanzas, se dice que podría haber obrado "con mayor diligencia" en sus funciones de control y que es "llamativo" que no haya instruido ningún expediente para delimitar infracciones administrativas, e indica que no ejerció "diligentemente" su labor de velar por la transparencia en los procesos electorales.

El Banco de España fue "negligente" y el Instituto Valenciano de Finanzas podría haber actuado "con mayor diligencia"

Respecto a los órganos de control externo, las Cortes entienden que los informes de auditoría de KPMG favorables "contribuyeron a relajar la vigilancia" de los órganos de gobierno y control, y resalta la falta de regulación para que la CNMV pueda corregir los problemas que detecta.

Las conclusiones afirman que ninguno de los órganos o entidades implicados en la administración, gestión, supervisión y control de la CAM "actuó correctamente durante el proceso de deterioro que sufrió la entidad", que se acabó vendiendo por un euro tras inyectar 5.249 millones de euros por el FROB y concederle un crédito de 3.000 millones.

El dictamen atribuye la "máxima responsabilidad" del hundimiento de la CAM al equipo directivo, que adoptó decisiones "irresponsables", pero reprocha a los miembros de los órganos de gobierno que actuaran de "comparsa", con lo que "coadyuvaron al desastre".

Las conclusiones detallan asimismo el elevado crecimiento del crédito y su concentración en el sector inmobiliario, el excesivo nivel de dependencia de los mercados mayoristas, la ausencia de criterios sólidos en la concesión, administración y seguimiento de los riesgos de crédito y las deficiencias significativas en el control interno.

"En el funcionamiento ordinario de la CAM se acumularon errores, vicios e ineficiencias inexplicables que apuntan hacia gravísimas responsabilidades profesionales, cuando no de otra naturaleza, por parte de la cúpula directiva", indica el dictamen.

El diputado del PP Vicente Betoret ha destacado que nunca en las Cortes Valencianas se había aprobado por unanimidad un dictamen de una comisión de investigación, el cual a su juicio "hace honor a la verdad".

El socialista Francisco Toledo ha deseado que los responsables de estas "barbaridades" paguen en los tribunales de justicia; Mireia Mollà (Compromís) ha echado en falta en el dictamen la reprobación de responsables políticos, y Lluís Torró (EU) ha considerado que se ha atendido una "deuda moral" con los cuotapartícipes.