La CUP exige cinco condiciones para un pacto de gobierno tras el 27-S

La CUP ha aprobado esta mañana en Manresa dos documentos que fijan su estrategia para conseguir la independencia con vistas a las elecciones del 27 de Septiembre y para lograr un amplio acuerdo político y social en ese eventual proceso constituyente. Los independentistas radicales plantean tras esos comicios el impulso de un gobierno de "ruptura nacional, social y democrática" y detallan cinco condiciones "irrenunciables" para negociar cualquier pacto de gobernabilidad. Dos de las principales son medidas son que el Parlament proclame la Declaración Unilateral de Independencia y un exhaustivo plan de emergencia social.

Los dos informes desbordan por completo el principio de acuerdo que pactaron hace ocho días Convergència, Esquerra, el partido MES y las tres entidades soberanistas (Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia) en el marco de la Taula per l'Estat propi. Ese texto ya fue descalificado por la CUP que lo definió como "inconcreto" y vago al no mencionar explícitamente la palabra independencia ni plebiscito y al no fijar plazos sobre el proceso.

Bajo el epígrafe Hoja de ruta para la ruptura con el Estado español, el primer documento niega la mayor al sostener que no existe ninguna razón real que justifique el retraso de las elecciones hasta septiembre. La CUP lo achaca a los "intereses de partido" en alusión a las tensas negociaciones entre Convergència y Esquerra. Los independentistas no otorgan ninguna credibilidad a que los dos socios puedan impulsar en ocho meses las estructuras de Estado que acaban de pactar ciando no las han abordado en dos años. A juicio de la CUP; que solo hay tiempo para gestionar unos presupuestos de "miseria" que deberían servir para un plan de emergencia social. En ese contexto, piden que los ciudadanos encaren las elecciones municipales del 24 de mayo con un carácter plebiscitario y constituyente. Convergència y Esquerra comparten en que los comicios locales sean una primera vuelta de las plebiscitarias.

Su plan para después del 27-S se basa en el impulso de un gobierno de ruptura y nacional que debería cumplir cinco condiciones para que pueda gozar del respaldo de la CUP: primero, declarar la DUI; segundo, aplicar un exhaustivo programa social que frene los desahucios, los despidos, los recortes, las privatizaciones y la instauración de la Renta de Garantía Ciudadana; tercero, iniciar un proceso de desconexión con el Estado (incumplimiento el objetivo del déficit, la ley Wert o la reforma laboral); que el proceso tenga un carácter popular y realizar una campaña internacional.

La CUP también ha aprobado un segundo texto que invita a ser un amplio acuerdo social y político para coordinar dos procesos paralelos: el de la independencia y el del proceso constituyente. "La hoja de ruta no puede asociarse solo a un partido o a dos sino al país, a su gente", dice el informe que insta a todas las fuerzas partidarias de ese nuevo proceso constituyente (Podemos o Iniciativa) a sumarse a él.

"Si somos independientes lo decidirá la mayoría de la gente pero el proceso no puede estar en manos exclusivamente de los independentistas", afirma el texto. Según la CUP, la Taula per l'Estat propi funcionó mientras estuvo lejos del foco mediático pero claudicó cuando volvió a delegar el proceso en manos de Convergència y ERC. Por ello, insta a crear otro foro más amplio que la la Taula y más operativo que el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir para que se sumen a él fuerzas sociales, civiles, políticas y sindicales para coordinar el proceso hacia la secesión.