Valor señala que Ikea elude abordar su problemática llegada a Alicante

El alcalde destaca que la implantación de la multinacional traerá "bastantes problemas" El proyecto, impulsado por un procesado en Gürtel, está avalado por el Consell

Siguen los problemas entorno a la llegada de Ikea a Alicante, un plan que contempla la urbanización de 2,4 millones de metros cuadrados y plantar el tercer centro comercial más grande de España en el extrarradio de la ciudad. “Queremos consensuarlos con todo el mundo, incluido Ikea, pero no se deja”, dijo ayer el alcalde alicantino, Miguel Valor, quien asegura haber hablado con medio millar de comerciantes contrarios al proyecto.

Las palabras del regidor son toda una enmienda a su predecesora en el cargo Sonia Castedo, quien solo vio beneficios en esta iniciativa de la que Enrique Ortiz, imputado en Brugal y procesado en Gürtel, es el principal accionista y el Consell su principal valedor.

Los problemas planteados ahora son “bastante grandes”: cómo entrarán 20.000 coches diarios (26.000 en sábado) en una parte de la ciudad que no admite mucha más obra en sus accesos o qué impacto tendrán 135.000 metros cuadrados comerciales sobre el ya castigado comercio tradicional. Ikea, que sería responsable de los alquileres en esta nueva megazona comercial de 135.000 metros cuadrados, nunca se ha querido reunir con Valor en los términos que este persigue. Es decir, con los comerciantes presentes. “De momento no ha dicho nada”, aseguró el regidor.

La multinacional, por medio de la edil de Urbanismo, Marta García Romeu, propuso hace dos semanas un encuentro con Valor a solas, pero este lo rechazó.

A la problemática que alude Valor se suman ahora las incógnitas sobre el parque periurbano de más de un millón de metros que el promotor acondicionará en este macroproyecto. ¿Quién lo mantendrá, cómo se hará?

El parque es capital en el plan. Siendo propiedad del promotor (al contrario que el suelo comercial donde va Ikea) le confiere la potestad del reparto de las parcelas a urbanizar. Los dueños del suelo de Ikea han judicializado el proyecto al considerarlo abusivo, puesto que adquirieron su propiedad a precio urbano mientras que el millón de metros en el que Ortiz planea el parque tuvo un precio de suelo rural. Además, el plan urbanizador originario está en los tribunales, conocido como el caso Rabassa.

La problemática que no observó ni Castedo ni su equipo (la edil de Urbanismo era la misma que ahora) puede ser un bumerán de efectos dañinos. El comercio ha sido un caladero de votos del PP durante más de dos décadas. En la reunión mantenida el miércoles con más de 20 asociaciones comerciales, algunos afearon los incumplimientos de promesas electorales: como que no habría más centros comerciales en Alicante.

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