El fiscal investiga por malversación a la Cámara de Comercio de Pontevedra

La investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra pone en una situación delicada a los responsables de la Cámara de Comercio de la ciudad después de que varios exempleados de la entidad denunciaran con datos ante la fiscalía la gestión del comité ejecutivo. El ministerio público abrió una investigación ante las múltiples irregularidades detectadas y la gravedad de los presuntos delitos denunciados. Además de la causa abierta contra la secretaria de la entidad por presunto cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios —que también salpica al delegado comercial en Brasil— el juzgado pone igualmente el foco en los representantes de órganos de gobierno de la institución por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos en la organización de certámenes feriales y fraude de subvenciones.

 Además de la investigación del fiscal Jesús Calle, que implica a toda la directiva de la Cámara de Comercio, incluida también en este caso a la secretaria, el último informe del Consello de Contas cuestiona las actuaciones de la institución pontevedresa por su falta de transparencia; irregularidades que van a ser incorporadas a las diligencias que instruye el juzgado como prueba documental de los ejercicios fiscalizados de 2010 y 2011. El comité ejecutivo y el pleno de la corporación tendrán que dar cuentas en el juzgado de las anomalías contables detectadas en la organización de certámenes feriales como Ferpalia, Pomóvil y la pasarela Pontus Veteris en esos años. Las pesquisas hacen referencia a las irregularidades en la facturación de los servicios contratados para la celebración de estos eventos a varias empresas, en la misma línea que lo hace el informe del Consello de Contas, que además critica que no se haya tramitado ningún procedimiento transparente para su adjudicación, sino que fuesen contratados directamente por acuerdos de los órganos de dirección.

Contas analiza a las nueve cámaras gallegas, pero censura especialmente la gestión de la de Pontevedra. El informe ya advierte de los problemas que se encontró para fiscalizar las cuentas, lo que condicionó las “garantías de integridad y fiabilidad” de la información analizada. Las deficiencias detectadas “ponen de manifiesto la debilidad del sistema de control interno de la Cámara”, expone el Consello de Contas, al no tener un órgano de control interno, ni de movimientos de efectivo que se realizan a través de la caja de caudales, ni tampoco un libro de registro contable. Además, se observaron anomalías en la organización de expedientes y documentos de la entidad “que cuestionan las garantías de integridad y exactitud” de la información facilitada por la Cámara al ente fiscalizador.

En sus conclusiones, Contas alude a la obstrucción del trabajo de fiscalización por parte de la entidad, que no facilitó la relación certificada de las cuentas bancarias con las que opera, pese a que le fue solicitada a la secretaria, según detalla el informe. La ausencia de esta información “impidió verificar la coincidencia de los saldos contables”, lo cual “representó una limitación del análisis del estado de la tesorería”. Con un presupuesto anual de 1,5 millones de euros, el 90% de los recursos de financiación de la Cámara eran públicos cuando se llevó a cabo la auditoría de Contas. La mitad procedía de las cuotas de asociados, impuestas por ley a los empresarios locales, y la otra de subvenciones. Con representación en 25 municipios de la provincia, la Cámara de Comercio de Pontevedra, creada en 1900, pasó de tener un censo de 22.805 empresas en 2010 a 22.667 en 2011.

Llama la atención de Contas que la institución no disponga de información de los ingresos procedentes del Recurso Cameral Permanente, por el que hasta 2011 los socios estaban obligados a pagar una cuota que desde entonces es voluntaria. Un dato que impidió que se pudiese hacer un diagnóstico sobre la viabilidad futura de esta Cámara y su adaptación al nuevo contexto financiero.

El informe que se envió al juzgado señala que la Cámara de Pontevedra “no ofrece suficiente información, no incorpora unas líneas de actuación, no describe objetivos ni cuantifica las que realiza”. Tampoco detalla los conceptos retributivos de cada puesto de trabajo, y los gastos de personal no se registraron en los libros de contabilidad por su importe íntegro, como es preceptivo.

Contas concluye que se detectaron deficiencias e irregularidades en el sistema informático y en los registros contables. Incluso comprobó que se modificó información de los ejercicios que ya estaban fiscalizados y critica el hecho de que el programa informático de contabilidad no reúna las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la inalterabilidad de la información, ya que “permite hacer cambios en cualquier momento y al cierre del ejercicio”. Y en la documentación facilitada al órgano fiscalizador no hay índices ni numeración, las facturas no tienen sello de entrada y salida, los pliegos de contratación analizados aparecen sin fecha ni firma y en documentos del área de contratación y subvenciones se aprecian contradicciones entre unos y otros.