La primera sentencia judicial en gallego cumple 30 años

El primer documento escrito en lengua gallega que se conoce, el Foro do bo burgo de Castro Caldelas, la concesión del fuero de villa por parte del rey Alfonso IX de León a Allariz data de 1228. El último documento oficial en ese idioma, antes de los siglos oscuros que sucedieron a la centralización administrativa y el control del Reino de Galicia ordenados los Reyes Católicos, es otro documento foral, del monasterio de Montederramo, escrito en 1527 o 1529. Una losa que se hizo particularmente más pesada en la judicatura. Hasta 1985 no se registró una sentencia en gallego. Hoy, treinta años después, la conmemoran en Redondela, la villa de los litigantes de aquel pleito que pasará a la historia no por el fondo del fallo, sino por la forma, por el idioma en el que se redactó.

“O 27 de marzo de 1985 os maxistrados da Audiencia Territorial da Coruña Ricardo Leirós Freire, Claudio Movilla Álvarez e Gonzalo de la Huerga Fidalgo ditaron a primeira sentenza en galego despois de cinco séculos de proscrición, sendo promovente o Concello de Redondela”, reza la placa que a última hora de la tarde fue descubierta en la fachada de la casa consistorial. La iniciativa partió de uno de los fundadores de la Asociación de Funcionarios pola Normalización, Xosé González, entonces asesor del ayuntamiento redondelán. González se puso en contacto con Claudio Movilla, que después sería presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, para espanto de la magistratura conservadora andaluza, que recurrió su nombramiento y del Tribunal Superior de Cantabria, donde logró la inhabilitación del polémico presidente autonómico José María Ormaechea. “Le pedí que, para abrir brecha, redactaran en gallego un fallo de unas de las muchas causas que tenía el ayuntamiento, pero una que perdiese, para que la primera no fuese una en la que ganasen el poder”, recuerda Xosé González. El primer ganador de una sentencia en gallego de la era contemporánea pudo declarar su casa en ruinas para hacer un edificio nuevo.

Ayer a las siete y media de la tarde, después del descubrimiento de la placa, a la que asistieron la viuda de Movilla, Elena Polanco, y la alcaldesa de Castro Caldelas (la localidad natal del magistrado, en donde se repetirá el acto), en el Multisusos de Redondela se celebró un acto académico. Comenzó con una conferencia del secretario de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, que fue quien descubrió el Foro de Castrocaldelas en los archivos de la Casa de Alba, y en el intervinieron el fiscal superior de Galicia en funciones, Carlos Varela,y Xoán Xosé Barreiro Prado, presidente de la sección 2ª de la Audiencia de Pontevedra, que es el magistrado que más sentencias ha redactado en gallego desde su toma de posesión.

En el acto también se formalizó la Declaración de Redondela, en la que el magistrado Barreiro Prado, el alcalde de la villa, Javier Bas Corugeira y 21 abogados en ejercicio en la localidad asumen el compromiso público de auspiciar la lengua propio en sus actividades profesionales, promover una visión afable, moderna e útil del idioma que deshaga prejuicios y refuerce su estima, aumente sus funciones sociales y espacios de uso. Dos magistrados con jurisdicción en la zona se comprometieron también a que el uso del idioma gallego no supondría “dilaciones ni prejuicios” en las causas. 650 vecinos sumaron sus firmas a esa declaración, señalando su compromiso de ejercer cualquier trámite jurídico o administrativo en gallego.

En la Irmandade Xurídica Galega, en la que se integran los juristas que intervinieron ayer están integrados unos 30 magistrados y fiscales y unos 200 abogados y procuradores. González reconoce que el ámbito protagonista del último punto de la Declaración de Redondeda (“solicitar de las notarías el uso de la lengua gallega en los instrumentos jurídicos que en ellas se tramiten”) está bastante verde. “El único referente que había era un notario de Lalín, ya jubilado, Victorino Gutiérrez Aller, sobrino del astrónomo Don Ramón María Aller, que redactaba en gallego por defecto, y solo lo hacía en castellano por petición expresa del cliente. Toda la concentración parcelaria del Deza está en gallego. Contaba que algún cliente, al escuchar la lectura le preguntaba. ‘Don Victorino, iso púxoo en galego, é legal igual?”