La Xunta vuelve a retirar personal de apoyo a la instructora de la Pokémon

La juez que investiga la mayor causa por corrupción de Galicia se quedará sin personal de refuerzo en los próximos días. Es la segunda vez que la Xunta le comunica a las dos funcionarias que ahora asisten a la instructora del caso Pokémon que deben disfrutar ya de sus días libres pendientes porque expira su vinculación a este juzgado, el número 1 de Lugo. La orden llegó ayer, el mismo día en que se conoció que De Lara ha estrechado con sus pesquisas el cerco judicial sobre el gobierno del PP en A Coruña por enchufes masivos. En la anterior ocasión en la que la Vicepresidencia que dirige el popular Alfonso Rueda anunció la retirada de estas trabajadoras de apoyo a la juez, las protestas la obligaron a recular. Esta vez este departamento de la Xunta ha evitado comentar el asunto.

El Gobierno gallego amagó en febrero con retirarle a De Lara las dos funcionarias de refuerzo pero, con las protestas de fondo de la propia magistrada —que denunció “desamparo”— y de los sindicatos, decidió finalmente otorgarle una prórroga de un mes, a la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apruebe la incorporación al juzgado de un juez de adscripción territorial que se encargue de las causas ordinarias. Su llegada, sin embargo, aún no se ha producido.

Fuentes del alto tribunal gallego esgrimen que la decisión sobre esta incorporación al juzgado de instrucción número 1 de Lugo —a la que la Xunta vincula la permanencia de las dos funcionarias de refuerzo— está pendiente todavía y que se han pedido informes al Consejo General del Poder Judicial y a De Lara. Las críticas que surgieron en febrero cuando la Xunta amagó con retirarle a la magistrada de la Pokémon el personal de apoyo provocaron una reunión extraordinaria entre el Gobierno gallego y el Tribunal Superior que preside Miguel Ángel Cadenas. En aquella cita el TSXG se comprometió a buscar, entre los jueces de los que dispone para cubrir emergencias o eventualidades en Lugo, uno que pudiese descargar de trabajo a De Lara con los asuntos ordinarios. La necesidad de este refuerzo ya fue determinada en diciembre por el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, tras una visita al juzgado lucense.

Y mientras, el caso Pokémon no deja de crecer. De Lara está inmersa desde 2012 en instruir un macrosumario de presuntos sobornos de contratas municipales a políticos que acumula un centenar de imputados y salpica a PP, PSOE y BNG. Los últimos avances en su investigación afectan especialmente a los populares a solo dos meses de las elecciones municipales, ya que la juez ha puesto su lupa sobre la presunta financiación con dinero negro del partido en Ourense, denunciada por el extesorero Emilio Pascual. Uno de sus últimos autos, además, vincula al número dos del gobierno de A Coruña, el imputado Julio Flores, con enchufes masivos de personal. El Ayuntamiento coruñés, afirma De Lara, ha operado como una “agencia de colocación” desde que el PP llegó al poder, con el supuesto conocimiento de Carlos Negreira, un estrecho colaborador desde hace años del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que opta a la reelección como alcalde.