Alcorcón dejó “sin control” la gestión de la empresa pública de la vivienda

La Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa), creada en 1992 y gestionada por la firma privada Gesmasur con el fin de impulsar la construcción de miles de viviendas en régimen de libre competencia en la ciudad de 170.000 habitantes, “ha carecido” siempre, “desde el momento de su constitución”, de los recursos humanos “imprescindibles” y de "ciertos medios materiales”, lo que repercutió en la eficacia e independencia de la compañía municipal. La falta de la infraestructura necesaria, “contraria al ordenamiento jurídico y a los principios de eficiencia y economía” según un informe muy crítico de la Cámara de Cuentas, “condicionó” el funcionamiento de la firma municipal, ya que “obligó a encargar a empresas privadas” —con los sobrecostes “que necesariamente provoca la contratación” con terceros— la gestión de “prácticamente todas las funciones” atribuidas a Emgiasa y que justificaron su aparición.

Emgiasa está en liquidación desde 2012 por una deuda de 300 millones

La Cámara llega a estas y otras conclusiones tras examinar la gestión de Emgiasa desde su origen en diciembre de 1992 —meses antes, en junio, se constituyó Gesmasur, una microempresa centrada también en la promoción inmobiliaria y con Julio García Madrid como administrador, según figura en el registro mercantil—, aunque el órgano fiscalizador se centre al periodo de 2007-2011. Enrique Cascallana, del PSOE, fue el alcalde esa legislatura y la anterior. También fue concejal de Urbanismo entre 1991 y 1995, y primer teniente de alcalde de 1995 a 1999. Ahora compagina su función como diputado en la Asamblea de Madrid con su escaño en el Senado.

Emgiasa se encuentra en proceso de liquidación desde 2012, debido a la deuda de 333,6 millones que el anterior equipo de Gobierno dejó a David Pérez (PP), ganador de las elecciones locales de 2011. La deuda representaba más de la mitad de los 612 millones de deuda municipal, según cifró el Tribunal de Cuentas. En el caso de Emgiasa, la provocó en gran parte la construcción, paralizada, del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA).

Los auditores se centran en la última legislatura de Cascallana (PSOE)

La Cámara de Cuentas cuestiona por qué Emgiasa estuvo “casi vacía de infraestructura propia” desde su creación en los años noventa, década en la que el socialista Jesús Salvador gobernó Alcorcón. La falta de “medios propios” abocó a encargar la gestión, “prácticamente sin control público alguno” según los auditores de la Cámara, a la gestión privada de Gesmasur. “El Ayuntamiento no cumplió la legislación aplicable al no establecer los instrumentos de control presupuestario y contable, de contratación y patrimonial exigibles para el seguimiento de la actividad de Emgiasa”, denuncian los auditores.

El 1 de febrero de 1993 se formalizó el contrato entre Emgiasa y Gesmasur. El Plan Municipal de la Vivienda de Alcorcón tenía como objetivo la construcción de 2.000 viviendas. En esas fechas, el Consejo de Administración de la empresa municipal no había aprobado unas normas de funcionamiento y régimen interno. Tampoco había estatutos. Ni los primeros presupuestos de la empresa para poder determinar la plantilla de personal, así como los planes económico-financieros y de inversiones de Emgiasa. Al final Alcorcón realizó 11 promociones de vivienda (1.335). La última de estas promociones se entregó en abril de 1999.

Los responsables del informe ponen como ejemplo de la falta de autonomía de Emgiasa que, desde julio de 1993, su director técnico era el administrador de Gesmasur, con competencia para emitir recibos, facturas y control de pagos de Emgiasa. Para la Cámara de Cuentas se trata de un “evidente conflicto de intereses” y una “quiebra de los mecanismos de control interno de funcionamiento” de la empresa pública de vivienda.

Es más, los auditores aprecian que la regulación y organización internas de Emgiasa eran “insuficientes para garantizar razonablemente la adecuación del ejercicio de sus actividades” a los principios de legalidad, seguridad jurídica y transparencia. Una situación que también repercutía negativamente en la coordinación con el Ayuntamiento, titular de las competencias de ordenación y desarrollo urbanístico y de promoción de la vivienda pública.

La Cámara de Cuentas también cuestiona que Emgiasa adjudicara directamente a Gesmasur, “al margen completamente de la legalidad vigente”, la promoción del Plan Municipal de Aparcamientos de Alcorcón. Así lo acordó el Consejo de Administración de la empresa municipal en enero de 2004, pese a que la promoción de plazas de parking “no estaba incluida en ninguno de los contratos celebrados por Emgiasa con Gesmasur”, refleja la Cámara de Cuentas. La concesión se realizó “sin respeto alguno de los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia”.

El plan municipal comprendía 38 aparcamientos con un total de 19.000 plazas. Emgiasa desarrolló 21 de ellos. En marzo de 2010 Cascallana afirmó que ya se había completado el 50% de las casi 20.000 plazas previstas en el plan. Gesmasur facturó a Emgiasa 3,1 millones de euros por la explotación de los aparcamientos en la última legislatura como regidor de Cascallana. El importe fue de 532.000 euros en 2007, 419.000 euros en 2008, 868.000 euros en 2009, 851.000 euros en 2010 y 460.000 euros en 2011.

Para adjudicar la promoción de los aparcamientos el Consejo de Emgiasa revisó un contrato de prestación de servicios entre las dos empresas, de fecha 1 de febrero de 1993, “alcanzando el mismo a los aparcamientos o garajes que promueva Emgiasa en edificaciones exclusivas”. “Este acuerdo supone una evidente confusión entre interpretación y modificación de un contrato”, advierten los auditores responsables del informe.

La Cámara de Cuentas entiende que la “aclaración del objeto del contrato” aprobada hace 11 años fue una “significativa modificación del mismo”. En contra de la decisión incide en que el contrato “ya estaba extinguido” en el momento de la revisión, así como la “completa omisión de cualquier procedimiento legalmente establecido”. Y concluye que los aparcamientos y garajes “no estaban relacionados” con las promociones de viviendas que, en su momento, habían sido objeto del contrato de 1993 entre Emgiasa y Gesmasur.