Los ‘elefantes blancos’ de Gallardón

Retirado ya de la política, a Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el alcalde que cambió la fisonomía de Madrid y la anatomía de su Ayuntamiento, le ha llegado la hora del examen final a su gestión municipal (2003-2011). Ana Botella concluyó su último mandato, al convertirse él en ministro de Justicia, pero serán las elecciones de mayo las que juzguen su legado.

Con una inversión de 10.457 millones en sus ocho años y medio de mandato, Gallardón construyó edificios y enterró autovías, peatonalizó barrios y sembró la ciudad de escuelas infantiles, instalaciones deportivas y centros sociales. Duplicó, casi triplicó el presupuesto municipal, desde los 2.300 millones del último año de su predecesor, José María Álvarez del Manzano (PP), hasta los 5.300 millones de 2008, antes de la gran recesión. Pero también disparó la deuda, desde los 1.366 millones heredados de Álvarez del Manzano hasta los 6.453 millones que dejó a Botella cuando en diciembre de 2011 saltó al Gobierno central (dimitió en 2014). Aunque en realidad la deuda fue mayor: sumando las empresas municipales y las facturas impagadas, rebasó los 9.000 millones, y obligó a dos rescates consecutivos del Ministerio de Hacienda.

Botella, cuya política ha sido deudora y continuación de Gallardón, presumió el viernes de haber rebajado esa deuda a 5.936 millones. El único halago que ha recibido hasta el momento de Esperanza Aguirre, candidata del PP para las elecciones de mayo, ha sido para “su gestión extraordinaria en la ortodoxia financiera”.

Aguirre ha cuestionado, entre otros asuntos, la limpieza de la ciudad, hasta el punto de tachar varios barrios (incluido el suyo de Malasaña) de “guetos”. Pero su mayor andanada ha sido para Gallardón por el aspecto más espinoso de su gestión: las obras.

Aguirre cargó contra el palacio de Cibeles, pero ese edificio es sólo el paradigma del gasto en obras, los sobrecostes de varias infraestructuras y la incapacidad para hallar utilidad a las finalizadas, agravado esto último por las tres candidaturas olímpicas fallidas. Usando la terminología del Comité Olímpico Internacional sobre edificios carísimos sin uso posible tras los Juegos, son los “elefantes blancos” de Gallardón.

Los precedentes. Antes que alcalde, Gallardón presidió la Comunidad (1995-2003). En sus primeros años, construyó un nuevo edificio para la Asamblea regional y reformó la sede del Gobierno autonómico. El presupuesto anunciado para cada obra rondó los 17 millones de euros. Su predecesor, Joaquín Leguina (PSOE), también se había planteado remodelar el edificio de la puerta del Sol: no se atrevió por su coste. Curiosamente, el traslado en 2007 del Ayuntamiento desde la Casa de la Villa al Palacio de Cibeles también fue idea del PSOE, en este caso de la rival de Gallardón en las municipales de 2003, Trinidad Jiménez. Ganó él, y se salió con la suya: el Estado le cedió el Palacio de Telecomunicaciones a cambio de edificios valorados en 360 millones, y Gallardón hizo una reforma tasada en 80 millones y que acabó costando 138. En total, 500 millones.

Aguirre ha prometido una consulta para ver qué hacer con el inmueble una vez que devuelva su despacho a la Casa de la Villa. No ha aclarado qué haría con los 2.000 funcionarios que trabajan en Cibeles ni con el centro cultural que ocupa el 65% del edificio.

El Madrid Olímpico. Gallardón impulsó las candidaturas fallidas para los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020. Esta última, gestionada por Botella, presumía de tener el 74% de las infraestructuras construidas y cifraba en 6.536 millones la inversión realizada ya para preparar los Juegos. Pero en realidad ese dinero se había dedicado a autovías, metro, aeropuerto... Infraestructuras olímpicas como tales, tan sólo se construyó la Caja Mágica.

Inaugurada en 2009, se licitó por 139.749.625 euros. En 2011 ya había costado 294.045.576 euros (un 110% más). EL PAÍS ha desvelado esta semana un sobrecoste adicional de entre 33 millones (lo que exige en los tribunales la constructora FCC) y siete millones (lo que está dispuesto a aceptar el Ayuntamiento), que subiría el coste a más de 300 millones.

La Caja Mágica apenas tiene uso y arrastra pérdidas debido a su alto coste de mantenimiento. Pero al menos está terminada, no como el Centro Acuático, la otra gran instalación olímpica, cuyas obras se iniciaron con un presupuesto de 137 millones y se paralizaron en 2011 tras un desembolso de 54,5 millones. El esqueleto ha sido tasado en 19 millones.

Al lado se encuentra La Peineta. Gallardón convenció al Atlético de Madrid para convertir el estadio Vicente Calderón en pisos y sufragar así los 200 millones que costaría reformar y mudarse luego a la Peineta. El cambio de campo, previsto para 2012, se ha retrasado ya a 2018. Las obras siguen su lento curso y, tras sortear su paralización judicial, están pendientes de la negociación entre FCC, el Ayuntamiento y el club. Las cuentas, tras el derrumbe de la burbuja inmobiliaria, no salen.

Reveses judiciales. La mudanza del Atlético la anuló el Tribunal Superior de Justicia al tumbar el plan urbanístico de Gallardón para construir pisos sobre el suelo del Calderón. Ese mismo tribunal anuló también el plan impulsado por el exalcalde (que acabó aprobando Botella) para ampliar el estadio Santiago Bernabéu de acuerdo con los planes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Y también la Operación Chamartín, aprobada en 2011 para alargar casi cuatro kilómetros el Paseo de la Castellana y construir 17.000 viviendas. Y también el plan de ceder a la iglesia católica 15.000 metros cuadrados de suelo municipal junto a la iglesia de San Francisco el Grande para que construyera allí una nueva sede arzobispal (bautizada como minivaticano por su tamaño).

Aunque para anulación, la del Tribunal Supremo, que en 2013 tumbó el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en lo referido a todos los nuevos barrios de la capital (desde Vallecas a Valdebebas, pasando por el aeropuerto de Barajas), como castigo por una artimaña jurídica de Gallardón. En ese varapalo murió también la Operación Campamento, que ahora se pretende reanimar al hilo del interés del inversor chino Wang Jianlin por los terrenos.

Pero la Justicia no sólo ha actuado por lo que ha hecho Gallardón, sino también por lo que no ha hecho: la Fiscalía Provincial de Madrid abrió una investigación al Ayuntamiento por abandono del patrimonio histórico al dejar caerse a pedazos el palacio de la duquesa de Sueca, y otra por derribar una casa blasonada del siglo XVII en el barrio de Embajadores.

Los fantasmas. El Centro de Convenciones de la Castellana se ha quedado en un agujero en el que se invirtieron 83 millones. Ahora se ha licitado para uso comercial con un alquiler de dos millones anuales. Harán falta 43 años para rentabilizarlo. No es la única instalación fantasma.

Algunas obras de Gallardón siguen en obras aún, como la reforma del paseo de la Dirección (encomendada hace casi una década a Dragados) o la nave Boetticher (bautizada como “catedral de las nuevas tecnologías” cuando al fin se iniciaron los trabajos, en 2009, tras años de preparación). Otras nunca se realizarán, como la recuperación del templete de la Red de San Luis o el coliseo de las Tres Culturas (encomendado por Álvarez del Manzano al empresario José Luis Moreno). Y otras están a la espera de hacerse realidad desde hace años, como la reforma de los mercados de La Cebada y Mostenses, o la rehabilitación de la plaza de España (prometida por Gallardón, ideada por Botella, y a expensas del próximo alcalde; un tercio del presupuesto correría a cargo de Wang Jianlin, propietario del edificio España).

La lista de proyectos frustrados o a medias es interminable: las Escuelas Pías funcionan a medio gas (falta la escuela infantil, por ejemplo); el centro Conde Duque tiene varias instalaciones pendientes; el antiguo mercado de Legazpi prevé renacer como centro deportivo; la Casa de la Carnicería está en vías de mudar en hotel; los salones históricos de la Casa de la Villa siguen cerrados, como lo están también los teatros Madrid y Daoíz y Velarde...