Un juzgado condena a Lubasa a devolver seis millones a Mislata
La constructora renunció a la concesión del contrato y dejó sin acabar las obras En la liquidación se cometieron varias infracciones de la Ley de Contratos, según la juez
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Valencia ha anulado el convenio de liquidación de los aparcamientos públicos de Mislata y condena a Lubasa Aparcamientos a devolver más de seis millones de euros al Ayuntamiento. La juez reconoce en la sentencia que Lubasa cobró de más y que el Gobierno municipal, del PP, no le reclamó los daños y perjuicios ocasionados por su renuncia a la concesión. En total fueron 6.105.176 euros.
El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y la concejal de Hacienda, María Luisa Martínez, hicieron este viernes pública la sentencia en la plaza del Músico Ibars sobre el aparcamiento que Lubasa dejó a mitad durante tres años. Según Bielsa, “esta sentencia es una enmienda a la totalidad de la gestión del gobierno del PP”.
El fallo se produce una década después de que el Gobierno local, que presidía Manuel Corredera, encargase la construcción de cuatro aparcamientos con 1.006 plazas para alquiler. Con las obras a mitad, la demanda de plazas fue tan escasa que Lubasa, antes de acabar el último parking pidió al Consistorio que rescindiera el contrato. Se liquidó pero más tarde surgieron las dudas sobre las obras y la resolución del acuerdo.
El nuevo gobierno municipal, de mayoría socialista, encargó en 2011 una auditoría, que alertó de posibles irregularidades y Bielsa denunció el caso a los tribunales.
Según la juez, en la liquidación a Lubasa se cometieron varias infracciones de la Ley de Contratos lesivas para el municipio. En primer lugar se pagaron dos veces unos 732.377 euros por tasas e impuestos. Se pagaron 1,16 millones de euros en concepto de honorarios facultativos y 669.293 euros de “beneficio industrial”, cuando la ley establece que estos dos últimos conceptos no proceden cuando se resuelve unilateralmente el contrato. La sentencia también reconoce que el Ayuntamiento, además de quedarse con la fianza, debió haber exigido a Lubasa una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual, que cifra en 3,1 millones.
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