Un juzgado condena a Lubasa a devolver seis millones a Mislata

La constructora renunció a la concesión del contrato y dejó sin acabar las obras En la liquidación se cometieron varias infracciones de la Ley de Contratos, según la juez

Cristina Vázquez

Valencia - 14 mar 2015 - 00:34CET

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en Bluesky

Compartir en Linkedin

Copiar enlace

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Valencia ha anulado el convenio de liquidación de los aparcamientos públicos de Mislata y condena a Lubasa Aparcamientos a devolver más de seis millones de euros al Ayuntamiento. La juez reconoce en la sentencia que Lubasa cobró de más y que el Gobierno municipal, del PP, no le reclamó los daños y perjuicios ocasionados por su renuncia a la concesión. En total fueron 6.105.176 euros.

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y la concejal de Hacienda, María Luisa Martínez, hicieron este viernes pública la sentencia en la plaza del Músico Ibars sobre el aparcamiento que Lubasa dejó a mitad durante tres años. Según Bielsa, “esta sentencia es una enmienda a la totalidad de la gestión del gobierno del PP”.

El fallo se produce una década después de que el Gobierno local, que presidía Manuel Corredera, encargase la construcción de cuatro aparcamientos con 1.006 plazas para alquiler. Con las obras a mitad, la demanda de plazas fue tan escasa que Lubasa, antes de acabar el último parking pidió al Consistorio que rescindiera el contrato. Se liquidó pero más tarde surgieron las dudas sobre las obras y la resolución del acuerdo.

El nuevo gobierno municipal, de mayoría socialista, encargó en 2011 una auditoría, que alertó de posibles irregularidades y Bielsa denunció el caso a los tribunales.

Según la juez, en la liquidación a Lubasa se cometieron varias infracciones de la Ley de Contratos lesivas para el municipio. En primer lugar se pagaron dos veces unos 732.377 euros por tasas e impuestos. Se pagaron 1,16 millones de euros en concepto de honorarios facultativos y 669.293 euros de “beneficio industrial”, cuando la ley establece que estos dos últimos conceptos no proceden cuando se resuelve unilateralmente el contrato. La sentencia también reconoce que el Ayuntamiento, además de quedarse con la fianza, debió haber exigido a Lubasa una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual, que cifra en 3,1 millones.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuario Continuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Cristina Vázquez

Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.