Castedo llevó el Plan Rabassa al margen del técnico de planeamiento

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, impulsó la destitución del jefe de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Cano, apenas un mes antes del informe final que dio luz verde al Plan Rabassa, un presunto pelotazo denunciado por la policía y con cuya planificación no estaba de acuerdo el urbanista. En su lugar, Castedo nombró a la arquitecta y funcionaria interina, María Ángeles de la Sierra, inexperta en el área de ordenación urbana como ella misma admitió ayer frente al juez que instruye el llamado caso Rabassa.

De la Sierra firmó el texto definitivo para esta iniciativa que planeaba la urbanización de 4,2 millones de metros cuadrados de la ciudad y por la que están imputados, entre varios, la alcaldesa y el principal promotor del proyecto, Enrique Ortiz.

Era público en el Ayuntamiento que Cano no era proclive a tramitar el Plan Rabassa al margen del plan general urbano de la ciudad y conceder así semejante espacio a un único agente urbanizador. El proyecto preveía incrustar una ciudad del tamaño de Villena dentro de Alicante. Cuando le pidieron que realizara el informe que finalmente consignó De la Sierra, el arquitecto demandó toda la tramitación previa del plan. Este había sido tumbado hasta en cuatro ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia valenciano y actualmente está recurrido en el Supremo.

A Cano nunca le llegó la información del plan. Según la cronología de hechos expuesta ayer en el juzgado de instrucción número seis, el 13 de octubre de 2008 fue cesado en un decreto refrendado por la alcaldesa, quien entonces era también responsable de Urbanismo. El 15 de octubre siguiente, De la Sierra, funcionaria interina, ocupaba el puesto de este funcionario el nivel 29 (el máximo es 30) y con el honor de haber sido premio nacional de urbanismo.

El 26 de noviembre de ese año, Isabel Campos, jefa de servicios jurídicos de Urbanismo y también imputada, enviaba un sms a Ortiz: “Ya tengo el informe”, decía el texto. En el mes de diciembre, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan y lo elevó al Consell.

El informe de De la Sierra tiene fecha del 21 de noviembre, si bien en las escuchas policiales del día 25 de ese mismo mes se comenta en una conversación telefónica que no estaba completo. La técnico explicó que entre su nombramiento y la firma del proyecto se reunió con un trabajador de Enrique Ortiz, Javier Llorens, y con Isabel Campos. Según las defensas, fue para poner al día del expediente a la arquitecta, sin soltura en temas de planeamiento, como ayer admitió.

Campos y Miguel Ángel Ortuño, jefe de Coordinación de la Gerencia, proveyeron a De la Sierra de los contenidos finales del informe, según relató una de las acusaciones particulares tras la sesión testifical. Ambos están también imputados en el caso.

Estos hechos casarían con parte de las escuchas policiales, que muestran cómo el promotor, también el máximo contratista del Ayuntamiento, se maneja con una fluidez enorme entre los funcionarios. En los cientos de horas de grabación, Ortiz llega a pedir a un empleado suyo, Rafael Ballester, que haga un informe sobre Rabassa para que Campos lo haga suyo.

Las defensas intentaron restar importancia a las declaraciones de Cano, no aportaron nada a su parecer. El propio arquitecto, dijeron, estuvo inmerso en seis procesos de reestructuración en los que unas veces ascendió y en otras cesó en el cargo. La tesis que maneja la defensa es que para aprobar el informe firmado por De la Sierra tampoco se requería especial preparación. La arquitecta, más de seis años después, sigue hoy en su puesto.

La policía sostiene que el Plan Rabassa esconde un acuerdo entre Ortiz y la multinacional sueca Ikea. El constructor habría cobrado más de 90 millones de euros por una parcela vendida a Ikea que no es suya, según el contrato que obra en poder de la policía. Solo siendo el agente urbanizador del plan podría haber optado a distribuir el territorio a urbanizar y dar sentido al contrato firmado con la multinacional.