La Universidad de Málaga propone la inhabilitación de Íñigo Errejón

El servicio de Inspección de la Universidad de Málaga (UMA) cree que el dirigente de Podemos Íñigo Errejón, segundo líder nacional de Podemos y director técnico de la campaña de esta formación en Andalucía, incumplió su contrato como investigador e incurrió en incompatibilidad por simultanear su trabajo con otra actividad (él mismo reconoció que había elaborado dos informes para su partido relacionados con las últimas elecciones europeas), y ha propuesto su inhabilitación para disfrutar de un contrato con “características similares” en el futuro en esta institución académica.

Errejón ha respondido este viernes que él ya reconoció que cometió "un error" al no haber solicitado "por escrito", sólo "verbalmente", la autorización de llevar a cabo su trabajo desde Madrid. "Voy a recurrir la decisión de la Universidad de Málaga", ha anunciado.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha avanzado que la Junta comprobará si los fondos del proyecto de Errejón se han gastado correctamente y, en caso contrario, "se actuará como se hace con cualquier persona".

El pliego de cargos que precisa las presuntas faltas y la sanción propuesta, que se puede recurrir en un plazo de 10 días hábiles, se le comunicó al afectado el 3 de marzo y se conoce el primer día de campaña de las elecciones andaluzas, con un acto de Errejón programado en Sevilla junto a la candidata de su partido a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez. La decisión no tiene efectos en la práctica porque el político se desvinculó laboralmente de la UMA el pasado 16 de diciembre, aunque le imposibilitaría volver a trabajar en el campus en las mismas condiciones en que lo hizo.

La conclusión del expediente disciplinario abierto al también secretario de Política de Podemos, a quien a principios de diciembre se suspendió de empleo y sueldo mientras se aclaraban los hechos, es que se vulneró la ley de Incompatibilidades por supuestamente quebrantar las condiciones contractuales de trabajar 40 horas semanales en las instalaciones de la UMA. Errejón se vinculó a esta Universidad el 17 de marzo de 2014 para realizar una investigación sobre la vivienda en Andalucía, con un sueldo bruto de 1.825 euros al mes (cobró durante nueve meses).

Según fuentes de la UMA, no se incluye ninguna sanción de tipo económico y tras el estudio de las posibles alegaciones que pueda presentar Errejón, se elevará una propuesta definitiva a la rectora, Adelaida de la Calle, que es la persona capacitada para imponer el castigo que corresponda o, si lo considerara necesario, solicitar nuevas pruebas sobre el asunto.

El expediente a Errejón estuvo atascado cuando se desvinculó laboralmente del campus malagueño el pasado 16 de diciembre, tras renunciar a su contrato. La normativa establece que si una persona con un expediente abierto termina su relación contractual, esa investigación queda en suspenso salvo que alguna de las partes implicadas en el proceso quiera continuarlo. En este escenario, la UMA preguntó cuál era su postura en este caso a varios departamentos de la Junta de Andalucía (Fomento y Vivienda, Presidencia y secretaría general de Universidades), que es quien aportaba el dinero de la investigación, aunque el Ejecutivo abogó por dejar la decisión en manos de la Universidad. Desde la ruptura del pacto de Gobierno en Andalucía, el pasado 26 de enero, Fomento pasó de estar dirigida por IU a depender del PSOE.

El 30 de enero, el Consejo de Gobierno de la Universidad (formado por 56 personas) dio luz verde a la propuesta de la rectora de continuar adelante con la posible medida sancionadora contra Errejón y el proceso se reactivó. Solo hubo seis abstenciones.

Paralelamente al caso Errejón, la UMA abrió también expediente a su director de proyecto, Alberto Montero, también dirigente de Podemos y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Se trata de investigaciones diferentes. El secretario de Política de Podemos realizó su trabajo en Madrid previa autorización verbal de Montero, que justificó esta circunstancia por “el acceso a bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga” y por la “posibilidad de contactar directamente con actores implicados en el derecho de defensa de la vivienda”.

La investigación del instructor también recogía que se entregaron como prueba algunos documentos informáticos que parecían actualizados antes de firmar el contrato. “Existen ficheros que tienen fecha de última modificación anterior al 17 de marzo, momento en que [Errejón] fue contratado”, decía el informe.

Durante su comparecencia ante el inspector el día 28 de noviembre, Errejón explicó que llevaba a cabo su tarea en su domicilio, en bibliotecas públicas y en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. También reconoció haber recibido otra remuneración económica distinta a la de la UMA, en concepto de honorarios, por la emisión de dos informes para Podemos relacionados con las elecciones europeas de mayo de 2014. Cobró 6.000 euros. Sin embargo, no solicitó a la Universidad autorización para poder compatibilizar su contrato con otro tipo de ocupaciones retribuidas.