Imputado el alcalde de Chiclana por querellarse con dinero público

El alcalde de Chiclana, el popular Ernesto Marín, ha sido imputado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la localidad gaditana por un doble delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. La juez abrió diligencias contra él tras estimar la denuncia del exconcejal de Urbanismo, el socialista Joaquín Muriano, contra el que Marín se había querellado en 2008 por un supuesto escándalo urbanístico que fue sobreseído. Ahora esa denuncia se le vuelve en contra al alcalde, quien se enfrenta a penas de hasta una década de inhabilitación para cargo público.

Todo se remonta a 2008. Estaba a punto de aprobarse una moción de censura contra el gobierno cuatripartito de Chiclana, liderado por el PP, con la que el PSOE recuperaría la alcaldía. Entonces cuando Marín decidió querellarse contra el exresponsable de Urbanismo por unas supuestas irregularidades en la concesión de licencias. La denuncia fue archivada por inconsistente, aunque el PP volvió a recurrirla.

Pero Muriano, ofendido por lo que considera una “pena de banquillo”, optó por devolverle la denuncia a Marín. Lo hizo en septiembre del año pasado tras reunir la documentación que, según él, demuestra que el alcalde gastó dinero público en esa querella saltándose los procedimientos administrativos con “la intención dolosa” de perjudicarle.

“Utilizar denuncias para obtener un rédito político es reprochable. Pero si encima lo hace en representación de una Administración pública despreciando el orden jurídico y abusando del cargo que ostenta con dinero público también es reprobable penalmente”, considera Muriano. El concejal socialista cree que aquella querella quería evitar la moción de censura que finalmente apartó al PP de la alcaldía. Según Muriano, la ofensiva contra él pudo costar unos 100.000 euros. La juez, que ha pedido al Ayuntamiento que certifique por escrito la documentación de esa querella, imputa a Marín pero no pone fecha a su declaración.

El alcalde compareció ayer para anunciar que recurrirá el auto de imputación. “Es una paradoja que quien está velando por los intereses de la ciudad al denunciar una ilegalidad acabe imputado”, dijo y aseguró que entre la documentación revisada sólo constan dos facturas por minutas relacionadas con esas querellas de 2.400 y 2.500 euros.