Los interventores estiman “engañoso” el sistema de pago de los ERE

Los cuatro peritos de la Intervención General del Estado adscritos al caso ERE ratificaron este miércoles ante la juez Mercedes Alaya su informe clave, que censura el sistema de pago de las ayudas por parte de la Junta. Los interventores matizaron que el procedimiento (las transferencias de financiación) resultó “fraudulento”, en el sentido que define la Real Academia Española (RAE) de “engañoso y falaz”, precisó uno de los peritos. Estos criticaron que el Ejecutivo autónomo empleó las transferencias de financiación, una herramienta de pago habitual en las Administraciones públicas, de manera “inadecuada”.

Los interventores (Jesús Ruiz Ayúcar, Eduardo Vilaseca, Ángel Turrión y Rosa Hernández Antón) estiman que la responsabilidad del sistema de pago del fondo, dotado con 855 millones entre 2001 y 2010, debe recaer sobre los responsables de las Consejerías de Empleo y Hacienda, y de la agencia pública Idea (pagadora de las ayudas), sin matizar nombres ni cargos concretos. Alaya ya ha señalado a la inmensa mayoría de altos cargos de ambas consejerías y de la agencia pública, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán. “La intervención de todos ellos [los responsables] era necesaria y precisa para constituir esa realidad del uso presupuestario”, manifestaron ante la juez, según fuentes presentes en la declaración. Los peritos subrayaron que solo 77 de las 263 subvenciones concedidas por la Junta estaban vinculadas de manera directa a los expedientes de regulación de empleo (ERE). El resto fueron ayudas directas a empresas u otro tipo de subvenciones otorgadas por Empleo.

Los interventores afirmaron que tanto el Consejo de Gobierno como los consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda y la Intervención General conocían la supuesta ausencia de regulación sobre el sistema de pago en los ERE. Y apuntaron varias vías de conocimiento, entre ellas las memorias de la Intervención General sobre qué empresas debían contar con el control financiero permanente y los dos proyectos de regulación redactados por el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, y que finalmente no prosperaron al frenarse en las reuniones de viceconsejeros, denominadas consejillos.

Sostienen que el procedimiento para abonar las ayudas era inadecuado

Los interventores matizaron que los problemas del sistema de pago de los ERE radican en el momento de presupuestar las partidas, en el control de gestión de los créditos en la Consejería de Empleo y en el control de la concesión de las subvenciones.

Mientras, José María Mohedano, abogado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, imputado en el Tribunal Supremo, reclamó la nulidad de la declaración porque considera que a su defendido se le ha generado “una gravísima indefensión” al no poder estar presente en esta comparecencia sobre una pericial que le afecta directamente.

Griñán presentó el pasado enero ante el alto tribunal una contrapericial elaborada por los catedráticos Juan Zornoza (Universidad Carlos III) y Miguel Ángel Martínez Lago (Complutense) que defienden la legalidad del pago en los ERE. “De una manera deliberada se está sometiendo a crítica ese informe sin que puedan alegar [los catedráticos]”, incidió Mohedano.

La juez aseguró este miércoles ante las partes que dicho contrainforme había sido presentado asimismo por los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano. La respuesta de Mohedano, abogado asimismo de Griñán, fue tajante al negar la mayor: “Señora, eso se lo está inventando usted ahora”, le respondió. En un breve enfrentamiento entre ambos, la juez calificó el informe de “prueba documental”, pero el letrado le leyó un auto dictado por ella en la que se refería al escrito como “informe pericial”.

Nada más comenzar su interrogatorio, Alaya preguntó a los peritos por el contrainforme presentado por Griñán y que el Supremo le remitió la semana pasada. Los interventores respondieron que lo habían leído y que “no habían cambiado de opinión” ya que se trata “de un informe de parte, con los sesgos e interpretaciones que tiene un informe de parte” y contiene “muchos errores”, entre otros uno sobre “su teoría sobre las transferencias de financiación”. La comparecencia se prolongará durante los próximos días.