El alquiler de aulas prefabricadas costó al Consell 54 millones en 7 años

El Consell gastó 53,89 millones de euros en aulas prefabricadas entre enero de 2007 y diciembre de 2013. El dato lo dio a conocer ayer la diputada de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en Cortes Valencianas, Marga Sanz, tras recibir respuesta parlamentaria de la Consejería de Educación “casi un año después” de haber registrado la pregunta pertinente en la cámara autonómica.

 Sanz, que compareció con el portavoz Ignacio Blanco, candidato a la Generalitat, equiparó esa cantidad “a lo que cuesta construir siete institutos u once colegios”. Actualmente, persisten en la Comunidad Valenciana 672 aulas prefabricadas (en 2007 eran 1.042 ) en 181 colegios públicos de enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) y de enseñanza secundaria (IES). Esta cifra incluye desde centros con solo algún aula prefabricada a centros íntegramente instalados en contenedores provisionales, como el colegio nuevo 103 de Valencia, el Manjón Cervantes de Alicante o el Ciutat de Cremona de Alaquàs.

Aunque la provincia de Valencia cuenta con el mayor número de centros afectados, 86, la de Alicante encabeza la clasificación de número de barracones. Según las cifras facilitadas por la Consejería de Educación al grupo parlamentario, el 46% de las aulas prefabricadas (311) están en esa provincia, frente al 36% de Valencia (252) y el 28% de Castellón (109 aulas).

No todos los barracones tienen el mismo número de módulos prefabricados, puesto que los hay de menor tamaño para despachos, o más grandes para aulas polivalentes o comedor, por ejemplo, aunque la mayoría son para impartir clases. El coste medio de alquiler por barracón en 2013, calculó Ignacio Blanco, fue de 7.500 euros.

La Consejería de Educación puntualizó que el coste de las aulas prefabricadas supone un 0,1% de sus presupuestos, mientras la inversión en infraestructuras educativas “de calidad” es 15 veces superior a esos 54 millones. También destacó que trabajan en un plan para suprimir el 75% de los barracones. En la lista de 181 centros facilitada a EUPV, sin embargo, solo aparecen como licitadas las obras del CEIP Rosa Serrano de Paiporta, cuya construcción ha sido adjudicada hace apenas un mes.

En la provincia de Alicante no aparece ningún centro como “licitado” ni “en licitación”, mientras en Castellón y Valencia figuran dos por provincia “en licitación”. Uno de ellos es el Emilio Lluch de Nàquera, cuya asociación de padres acogió “con cautela” el anuncio el pasado día 17 de la consejera de Educación, María José Català, de que se licitaría “en quince días”, porque “han sido tantos los retrasos y las promesas incumplidas que la desconfianza es importante”.

La diputada Marga Sanz acusó ayer a la consejera de “mentir descaradamente” cuando dijo que Fabra acabaría con los barracones en la legislatura. La coordinadora de EUPV recurrió a la auditoría de 2013 de las cuentas anuales de la empresa Ciegsa, responsable de los contratos de alquiler de prefabricadas y de sus prórrogas, para denunciar que en estas instalaciones escolares provisionales “no se cumple el principio de concurrencia porque no se somete periódicamente a licitación el suministro y, por tanto, incumple la Ley de Contratos del sector público”. En la respuesta parlamentaria se facilita una lista de 15 empresas con las que la Generalitat contrata el alquiler de barracones. Dos de ellas sobresalen muy por encima de las demás con 167 y 94 expedientes de contratación, de un total de 414.

Los diputados de EUPV observaron que Ciegsa ha ido prorrogando los contratos de alquiler con revisiones del precio al alza, sin licitaciones. Sanz recordó que la Sindicatura de Comptes puso de relieve que el impacto de las prórrogas de esos contratos en 2013 fue de un “sobrecoste” de 4,7 millones de euros. El mayor gasto en alquiler de aulas prefabricadas se registró en 2009, con 9,24 millones de euros. En el ejercicio siguiente descendió a 7,77 millones y en 2013 fue de 6,7 millones.

EUPV reclamó en su comparecencia de ayer una comisión de investigación para llegar “al fondo de una gestión ruinosa que, en el marco del desmantelamiento de los servicios públicos, ha dejado un agujero de 250 millones de euros, 15.000 niñas y niños en barracones y 154 centros con fibrocemento".