La guerra en el PSOE de Ourense llega a los tribunales

La fractura interna del socialismo ourensano, dividido en dos bandos perpetuamente enfrentados en público y en privado, recala en los tribunales. Dos juzgados de primera instancia han comenzado a citar a la dirección del PSdeG y del PSOE a actos de conciliación individuales con los cinco ediles del gobierno socialista de Ourense suspendidos de militancia desde enero de 2014, tras abandonar un pleno municipal por no estar de acuerdo con el sentido del voto ordenado por el alcalde. Aunque una sentencia judicial avaló posteriormente aquella decisión al anular la votación, el partido nunca les devolvió la militancia y ahora, un año después, los concejales díscolos reclaman que se ponga fin a la sanción de forma inmediata.

El próximo 4 de marzo, los responsables del aparato socialista en Santiago y Madrid deberán comparecer en el primero de los actos de conciliación y, si no hay acuerdo entre las partes, los ediles advierten que interpondrán demandas en la jurisdicción civil contra una decisión que, en su opinión, vulnera derechos fundamentales de forma injustificada y totalmente contraria a la Ley de Partidos Políticos. En la demanda reclaman que la dirección socialista “restituya” su militancia y sus “derechos privados” tras reconocer en los tribunales que fueron suspendidos “sin la tramitación de expediente contradictorio alguno” a través de un procedimiento “contrario a derecho por hacerse con vulneración del derecho de defensa”.

El pasado mes de diciembre, Susana Bayo, María Devesa, Mónica Vázquez, Antonio Rodríguez Penín y Alfonso Vilachá enviaron un burofax a Ferraz en el que ya advertían con una batalla legal si la dirección federal no ponía fin a una situación con la que mantienen intactas sus obligaciones como miembros del gobierno de la tercera ciudad de Galicia, pero que anula todos sus derechos en la vida orgánica del partido. Ese burofax también fue leído en público durante el último comité nacional ante cientos de militantes y ante el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Pero, según denuncian, no obtuvieron respuesta alguna.

“No han tenido la decencia de llamarnos ni ahora ni durante el último año”, afirma la concejal Mónica Vázquez, que considera lo sucedido “una auténtica tomadura de pelo” porque “en todo momento” ha estado “trabajado fielmente para el partido desde el gobierno municipal en un momento en el que todo ha quedado a la deriva”. “Estamos cumpliendo nuestro compromiso como servidores públicos a rajatabla”, matiza la socialista ourensana.

“No consiento que se vulneren mis derechos y mucho menos que, con esta indefinida situación, se nos equipare con presuntos delincuentes”, añade Vázquez tras recordar que milita en las filas socialistas desde los 18 años “sin mancha legal alguna y en cambio son otros los que están imputados”. “En mi trabajo como procuradora defiendo los derechos de los demás y lo que no voy a hacer es quedarme de brazos cruzados mientras pisotean los míos sin derecho a réplica e incumpliendo la legislación”, insiste.

Los escritos de conciliación que llevarán a los responsables del PSOE y al PSdeG a los juzgados ourensanos hasta en cinco fechas diferentes, relatan en su argumentación que la Ley de Partidos Políticos vigente en España desde el año 2002 estipula que los procesos sancionadores internos deben garantizar a los militantes afectados el ser informados de los hechos imputados, ser oídos antes de la adopción de la sanción y la posibilidad de recurrir la decisión que tome la dirección.