Una universidad desvalijada

No estoy seguro de que el enfoque económico sea el más útil, o el único útil, para evaluar la propuesta de cambio de grados y máster de Wert. O al menos no es el que deja ver la gravedad del maltrato que vive el sistema universitario y de investigación español desde hace ya más de un lustro. La gravedad de esta ley no está tanto en ella misma —porque la idea de converger con el modelo 3+2 no es mala en sí misma— como en desviar la atención y obviar una línea de conducta ministerial destinada a desfondar el crédito científico y degradar la calidad intelectual de la universidad pública. Da un paso más en su proceso de devaluación para ir ajustando la universidad a la creación de mano de obra de cualificación baja. ¿Cómo? Invitando amablemente a dejar de cursar estudios superiores cuando se termine el tercer año del Grado porque las familias, muy mayoritariamente, no podrán hacerse cargo del coste de seguir estudiando. Es verdad que a cambio podrá descubrir el emprendedor muchacho el circuito de bares de copas y de reponedores de almacén para pagarse ese máster soñado, si algún día quiere aspirar a un estrato de mercado algo mejor.

Lo que no tiene duda es el efecto de segregación que causa la ley entre estudiantes: unos podrán pagar y otros no podrán pagar. La propuesta, sin embargo, ha sido vendida como medida de ahorro para las familias, como si estuviesen explicándoles que en educación puede ahorrarse porque un grado ya es un grado. La engañosa libertad que ofrece Wert a las universidades consiste en condenar a muchas familias al escalón B de la formación pública superior y a la evidencia de que estarán en la zona tonta del sistema (3) porque no pueden pagarse la zona lista (3+2).

Pero hay otras carencias mucho más graves ahora mismo. En las facultades de Historia, Filosofía, Literaturas, no hacemos otra cosa que entrenar a numerosas máquinas trituradoras de carne cultural en forma de libro, de pantalla, de pentagrama o de archivo, de tal manera que aquel individuo que ha pasado tres años en una facultad empieza a sentirse capaz de pensar por sí mismo, o cuando menos se siente capaz de inventar un argumento, una idea, una forma matizada de comprender algo. ¿Mucho, poco? Por supuesto, siempre poco, porque los estudios humanísticos en el ámbito del pensamiento, la literatura, el arte o la filosofía, son lentos por definición, no son rentables de forma mecánica y automática y, sobre todo, no se evalúan en términos contables inmediatos ni dependen de un programa informático porque no hay ninguno que agilice, sacuda, revierta y defina la comprensión inteligente de un texto o una realidad compleja. El único programa que lo facilita es el tiempo y las ganas.

El maltrato a los profesores contratados en los niveles más vulnerables es humanamente insoportable y éticamente inaceptable

Paradójicamente, sin embargo, aquellos que en los últimos años han conseguido poner en marcha sus mecanismos de conocimiento han visto desaparecer bajo sus pies o en sus nóminas la menor forma de continuidad digna de sus trabajos y funciones docentes o investigadoras. El maltrato a los profesores contratados en los niveles más vulnerables es humanamente insoportable y éticamente inaceptable. La sociedad está demasiado acostumbrada a oír eso, y se le ha endurecido la piel. Desde que yo tuve mi primer contrato, hace más de 20 años, la remuneración ha sido vejatoria comparativamente con el profesor titular y a menudo humillante sin tener que comparar con nadie. Ya lo adivinan: si por entonces los recortes no eran el pan nuestro de cada día, y hoy sí, el resultado es una ecuación delictiva según la cual profesores e investigadores están trabajando por cantidades insultantes, sin reservas ni paliativos. A la espera de que la situación mejore o a la espera de que una vacante pueda remediar la condición esclava de cada uno, el efecto real es una degradación galopante, no tanto de la enseñanza como de las condiciones profesionales en que se ejerce la docencia y la investigación.

Entre los mejores, la respuesta está siendo sistémica y pandémica. Han decidido abandonarnos y desertar del sistema público español de investigación y docencia porque han dicho basta, han optado por dejar de pasar por el aro de la resignación y la paciencia, las buenas palabras y las expectativas de mejora perpetuamente aplazadas. Lo alarmante de veras es que yo al menos necesito dos manos para contar a los profesores contratados de diversas áreas y universidades cuyo trabajo ha sido ejemplar y cuyo sueldo ha ido convirtiéndose en sucesivamente miserable, todo a la vez. Al menos diez, hoy están contratados con el doble y hasta el triple de sus sueldos anteriores en instituciones universitarias extranjeras, y con expectativas prometedoras, cuyos nombres callo porque nos abochornaría innecesariamente, pero pueden imaginarlos. Empezando por titulares y catedráticos, debemos estar haciendo muy mal las cosas para que ese desvalijamiento del futuro continúe imperturbablemente, convertido ya en nuestra auténtica nueva ley de educación superior.

Jordi Gracia es profesor y ensayista