Frenazo en los grandes casos judiciales por falta de medios

Varios de los grandes procesos judiciales valencianos en marcha, como la investigación en torno al Palau de les Arts, los casos Gürtel, Cooperación, Ràdio Televisió Valenciana y otros se encuentran varados y sin perspectiva de reanudarse a corto plazo. Los motivos son distintos, pero según fuentes judiciales, la explicación fundamental del frenazo es la falta de medios, y más en concreto de magistrados, así como los problemas para determinar la competencia sobre la instrucción de los procedimientos, que resulta especialmente compleja en el caso Gürtel.

La investigación del caso Cooperación ha sufrido un nuevo parón tras haberse quedado el juzgado número 21 sin el juez de refuerzo. Por distintos motivos, las dos piezas que siguen abiertas en esta causa que indaga el desvío de ayudas al desarrollo al Tercer Mundo llevan paradas un año. En la primera pieza separada fue condenado a ocho años de cárcel en mayo el exconsejero Rafael Blasco. El magistrado Vicente Ríos, instructor del caso Palau de les Arts, por su parte, pidió una baja médica que ya tenía prevista con anterioridad días después de lanzar la gran operación policial para registrar la ópera por supuestas irregularidades. Su reemplazo debe ahora ponerse al día en ese y todos los demás asuntos que llevaba Ríos, lo que implicará otro retraso. Una situación similar a la que se ha producido en el juzgado de Vinaròs que investiga la construcción del almacén de gas Castor, cuyo nuevo titular fue nombrado hace poco.

Han desaparecido refuerzos en otros juzgados, como los destinados a hacer frente al alto número de demandas por la comercialización de preferentes en Valencia. Una sobrecarga que los magistrados creen que empeorará en las próximas semanas con la lluvia de reclamaciones que esperan por la compra de acciones de Bankia.

La pérdida de refuerzos se ha debido a la convocatoria a escala española de un concurso al que se han presentado los llamados jueces de adscripción territorial. Estos no tenían plaza, trabajaban como apoyo en juzgados sobrecargados, y han recibido ahora nuevos destinos. Ese ha sido el motivo por el que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que indaga el caso Cooperación y también el accidente de metro, se ha quedado sin el apoyo que su titular considera necesario para continuar el procedimiento que afecta a Blasco, hasta el punto de haber suspendido todos los interrogatorios señalados.

Fuentes jurídicas aseguran que tanto la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, Pilar de la Oliva, que fue quien facilitó en su momento la llegada de refuerzos, como el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, trabajan para encontrar medidas que permitan paliar los retrasos de forma transitoria. Las soluciones más estables, que traerán los nuevos jueces de adscripción territorial, no estarán disponibles hasta abril o mayo.

Existen igualmente problemas por sobrecarga de trabajo en juzgados de Orihuela, Torrevieja y Paterna. Fuentes judiciales aseguran que no han vivido “nunca un problema como este de falta de jueces”. Las mismas fuentes lamentan que el Ministerio de Justicia vetase hace dos años el funcionamiento de una bolsa de magistrados sustitutos que permitía una reacción rápida en casos graves.

Otros retrasos en las investigaciones judiciales no se deben a la pérdida de refuerzos, sino a las dudas sobre la competencia entre juzgados y tribunales. Un debate que en ocasiones, como en las pesquisas en torno a RTVV, instan las defensas y tiene como consecuencia meses de demora en el procedimiento. La dilación en este caso se debe a la existencia de tres denuncias distintas pero conectadas entre sí. Dos de ellas, presentadas por Compromís y Comisiones Obreras, de las que se ha derivado la imputación de la antigua cúpula de la corporación, se hallan en el juzgado de Instrucción número seis de Paterna. Las defensas de los imputados reclamaron que la investigación se trasladara al juzgado número cinco alegando que allí se presentó antes una demanda por el comité de empresa de RTVV. La discusión se ha elevado a la Audiencia Provincial de Valencia y, según fuentes del caso, no es probable que el asunto vuelva a tomar velocidad hasta mayo.