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La causa por la caja b en Ourense salpica ya a 28 dirigentes del PP

Halladas facturas sospechosas de diputados, senadores y cargos de la Xunta

La juez De Lara cree que el objetivo era “encubrir donaciones” al partido

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Miranda, Nóvoa, Fernández y Baltar, en 2009.
De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Miranda, Nóvoa, Fernández y Baltar, en 2009.

La supuesta financiación ilegal del PP de Ourense salpica a cargos de la ejecutiva gallega de ese partido y de la Xunta. De los 28 altos representantes del PP ourensano que la instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, cita como receptores de facturas supuestamente ilícitas, cuatro son miembros del órgano de dirección del PP de Galicia: el presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar; el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; la gerente del hospital público ourensano, Eloína Núñez; y el secretario del PP provincial, Rosendo Luis Fernández. Junto a ellos figuran la directora general de Familia de la Xunta, Amparo González; el vicepresidente del Parlamento, Miguel Santalices; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Roberto Castro; el diputados en Cortes Guillermo Collarte; diputados autonómicos, concejales y exconcejales. La juez sospecha que pueden existir además facturas, que reclama al diario La Región, emitidas a nombre de la senadora Carmen Leyte, a la presidenta de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández, y a la diputada nacional Ana Belén Vázquez.

Todos ellos han supuestamente percibido cantidades de dinero en años electorales de empresas ourensanas que facturaban “falsamente para encubrir donaciones” al PP. Así consta en el último auto dictado por la juez, que investiga la comisión de los presuntos delitos de falseamiento de cuentas, apropiación indebida, cohecho y tráfico de influencias. La instructora sostiene que los gastos electorales del PP de Ourense, especialmente los relativos a la publicidad, fueron facturados a nombre de estos cargos con el objetivo de presuntamente “burlar la legislación electoral y de financiación de los partidos políticos”.

Publicidad para la campaña electoral

C. H.

En lo que respecta a la supuesta financiación ilegal durante la presidencia del hijo de José Luis Baltar, la juez destaca la incorporación de Nacher Publicidad, que en 2011 emitió facturas “por gastos de publicidad en la campaña electoral” a nombre del diputado nacional Guillermo Collarte por importe de 12.443,10 —en concepto de publicidad electoral de diversos candidatos entre los que figura Mariano Rajoy— y del secretario provincial del partido, Rosendo Luis Fernández, por 9.584,55 euros. Nacher facturó ese mismo año también al PP y, según el auto judicial, en las declaraciones tributarias realizadas por la empresa y el partido no coinciden los importes relativos a su relación comercial.

De Lara ha detectado también facturación de Telemiño, SA, en el mismo año 2011, a nombre de otros cargos del PP: el senador Miguel Pérez de Juan y la concejala de Educación en O Carballiño Montserrat Pilar Caride. La instructora considera relevante que “según Telemiño, las facturas en concepto de Estudio sociológico de la provincia de Ourense” estén impagadas, “no constando que se haya reclamado su importe judicialmente”. De Lara destaca que los conceptos facturados se corresponden con un encargo previo realizado por La Región a las empresas Infortécnica, Media Share Europe, SL.

La juez sospecha que el grupo La Región emitió además facturas ilícitas a nombre de la presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández; de la vicesecretaria provincial, senadora y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte; del diputado provincial Francisco José Fernández y de la diputada nacional Ana Belén Vázquez.

A la vista de la documentación en su poder, la instructora concluye que además de a los cargos políticos, Telemiño facturó distintas cantidades a las empresas de la trama de la Pokémon PAU, Doal y Aquagest. En el caso de Doal, consta una factura por el concepto de “Especial elecciones” que, sostiene la juez, “nada tiene que ver con el objeto social de la empresa”. Telemiño habría emitido en 2012 “un total de 12 facturas, una por mes, abonadas por Aquagest a lo largo de ese año y los dos primeros meses de 2013” varias de las cuales “no tienen correspondencia” en sus respectivas contabilidades.

De las diligencias practicadas hasta el momento, De Lara deduce que el PP ourensano “se habría podido financiar ilícitamente” utilizando, durante los años de presidencia del exbarón, a partir de 2003, “al menos” dos empresas: Telemiño, del grupo La Región, y la agencia Planos (Gallega de Publicidad y Diseño, SA,) a las que durante la presidencia del hijo-sucesor, a partir de 2010, se habría añadido Nacher Publicidad.

La lista de los receptores la encabeza el expresidente de la Diputación José Luis Baltar —condenado por prevaricación—, a quien el responsable de Vendex en Galicia, José María Tutor, visitó en Ourense, en el curso de la denominada “ruta del bacalao” que realizó el 20 de mayo de 2011, para supuestamente entregarle una suma de dinero, según afirma el informe del Servicio de Vigilancia Audanera.

La juez sostiene que en 2005, con el primero de los Baltar al frente del partido en la provincia, Planos facturó 4.060 euros a nombre de su hijo y actual presidente de la Diputación de Ourense, entonces diputado autonómico. En la documentación aportada a la juez por la agencia publicitaria aparece “una facturación correlativa” en la que, además de Baltar Blanco, figura el secretario general de Emigración, Rodríguez Miranda, con 4.408 euros; la directora general de Familia e Inclusión, Amparo González, con 4.176 euros; el vicepresidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, con 4.292 euros; el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, con 3.944, y la concejala de Verín María Luisa Valladares Rodríguez, con 4.120,32 .

Todas las cantidades se facturaron el 28 de mayo de 2005 y se pagaron también el mismo día, el 2 de enero de 2006, “sin que conste la forma”, sostiene la instructora, lo que en su opinión “parece indicar un pago en efectivo”. También es correlativa, sostiene el auto, la facturación realizada en el año 2007 —el mismo día, de nuevo por idénticos importes de 2.975,40 euros cada uno de ellos y también en efectivo— en la que aparecen como receptores la actual gerente del complejo hospitalario del Sergas, Eloína Núñez; el exalcalde ourensano Enrique Nóvoa; el propio exbarón; la diputada autonómica Marta Rodríguez Vispo; y otros diez exconcejales. Todos ellos formaban entonces el grupo del PP en el Ayuntamiento de Ourense.