El Ayuntamiento de Alicante aseguró los intereses de Ikea al margen del TSJ

Modificar el plan urbano de Alicante para dar cobertura legal a Ikea en un espacio de la ciudad cuya planificación urbana estaba suspendida por el Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana fue legal, según el alto funcionario de Urbanismo, José Luis Ortuño.

Más de dos horas estuvo el jefe técnico del Urbanismo de Alicante declarando como imputado ante el juez Juan Carlos Cerón. El magistrado instruye el caso Rabassa, causa en la que Fiscalía Anticorrupción cree que existió un amaño para conceder al constructor Enrique Ortiz la potestad sobre un espacio de más de 2,5 millones de metros cuadrados.

En el barrio de Rabassa, uno de los pocos hacia donde puede crecer Alicante, el constructor tenía previsto edificar 13.500 viviendas entorno a un centro de Ikea. El plan urbano contenía varios informes técnicos en contra y fue suspendido hasta en cuatro ocasiones por en tribunales. Sin embargo, el Ayuntamiento tiró adelante en su planeamiento.

Ortuño reconoció que el 21 de enero de 2010 se reunió con representantes de la multinacional sueca y del promotor para sellar un acuerdo que el pleno de Alicante aprobó en menos de nueve días. Según Ortuño, lo hicieron porque Ikea lo demandó.

La policía, en su informe, calificó este movimiento como una “argucia legal”. Los investigadores creen que el interés porque Ikea se instalara en Rabassa residía no tanto en el beneficio de la ciudad sino en el de Enrique Ortiz, que habría cobrado por adelantado más de 90 millones para gestionar su llegada a ese punto.

Ortuño y la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, firmaron la modificación para que se pudiera autorizar la implantación de grandes superficies en Rabassa, frente a la gran circunvalación de Alicante (antiguamente parte de la A-7). El lugar, según un estudio de la Universidad de Alicante, es el punto donde toda gran superficie querría estar. Allí confluyen las vías que dan acceso a la montaña e interior de la provincia, así como a la pista que comunica Alicante con el resto del territorio.

Ortuño, investigado por tráfico de influencias y prevaricación, se mantuvo en la misma versión que Castedo, también imputada: la sentencia del TSJ no afectaba al planeamiento de Rabassa, sino su ejecución. Palabras que a oídos de las acusaciones particulares sonaron contradictorias tras asegurar Ortuño que todo era legal, pero que no hubiera firmado sin una cláusula que advertía que el convenio quedaba sujeto a las decisiones de la Justicia.