Barberá apela a los equipamientos para urbanizar más huerta

La oposición a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que propone la reclasificación de 415 hectáreas de huerta, crece conforme avanza el periodo de alegaciones, que concluye el 24 de febrero. Se han manifestado en contra asociaciones de vecinos de Campanar, Benimàmet, Benimaclet o Castellar, colectivos como Per l’Horta, profesores universitarios y hasta el Tribunal de las Aguas, que anunció alegaciones porque la revisión afecta acequias históricas. Ayer se añadió la Unió de Llauradors i Ramaders, que se opone a la pérdida de más terreno agrícola protegido.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, trató ayer de rebajar la presión sobre su hoja de ruta urbanística, que pretende aprobar antes de las elecciones del 24 de mayo. “Si se ha previsto [reclasificar] algo de huerta es para poder tener equipamientos importantes que benefician a la ciudad”, justificó.

La capital no tiene suelo, aseguró la regidora, para “equipamientos importantísimos", como la Clínica Mayo que, según la alcaldesa, “iba a venir antes de la crisis”, por lo que había que dotarlo para la ciudad. Los opositores al futuro PGOU insisten ahora en que la ciudad no soporta ningún tipo de presión demográfica que justifique la urbanización de tanto terreno agrícola. “Es muy fácil dar opiniones detrás de una pancarta” por parte de quienes “jamás han protegido ni un gramo de huerta”, manifestó en alusión a los partidos de la oposición. Según Barberá, el único que ha protegido la huerta es el gobierno del PP.

La regidora inauguró a mediodía el nuevo retén de la Policía Local y Bomberos de Ciutat Vella, en pleno centro histórico, que completa la renovación de comisarias policiales de la capital en este mandato. El Consistorio ha invertido en total 30 millones de euros en estas dotaciones. La primera piedra del centro se colocó en 2011 y ha tardado tanto en estar lista porque la primera adjudicataria suspendió pagos y hubo que entregarla a otra constructora, en este caso Bertolín. Tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados, cuenta con 120 efectivos y ha costado unos tres millones de euros.

La alcaldesa de Valencia ha descartado, por otro lado, que el Ayuntamiento vaya a revisar la delimitación de zonas de afluencia turística, donde los grandes comercios pueden abrir los 365 días del año, tras los cambios legales que el martes anunció el consejero de Comercio de la Generalitat, Máximo Buch. “No voy a revisar nada porque no le afecta a Valencia”, subrayó. Valencia liberalizó cuatro zonas de la capital, acogiéndose a la ley de municipios turísticos, pero la Generalitat planea ahora establecer criterios para regular las aperturas fuera de la capital.

Fuentes del sector comercial, molestos con la regulación municipal, creen que la actuación obligará al Ayuntamiento a “recular parcialmente” en su regulación o, como adelantó Buch, puede obligar al Consistorio a declarar la libertad horaria en todo el municipio para evitar litigios judiciales como el de Media Markt.