El revés judicial aplaza la reforma del Bernabéu hasta la próxima legislatura

El Real Madrid ha prometido “trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento y la Comunidad en la subsanación de aquellos aspectos que sean necesarios para hacer viable el proyecto de reforma del estadio Santiago Bernabéu”, anulado por el Tribunal Superior de Justicia por vulnerar la Ley regional del Suelo. Sin embargo, tal y como admitió ayer la alcaldesa de la capital, Ana Botella (PP), tendrá que ser ya la próxima legislatura y con las Administraciones emanadas de las urnas en mayo.

“Con independencia de que haya que ver lo que hay que hacer para retomarlo, evidentemente no parece que ya, por plazos, nos dé tiempo a tener una solución definitiva antes de junio”, señaló ayer la regidora. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero el dictamen final se postergaría varios años. El Ayuntamiento no va a pedir la casación.

En cualquier caso, la opción más sencilla sería aprobar una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pero su redacción y tramitación administrativa también llevaría varios meses y, como dijo Botella, no estaría antes de los comicios.

El presidente regional, Ignacio González (PP), apuntó ayer que “hay fórmulas para sacar el proyecto adelante”, y mencionó la vía abierta por una reforma reciente la ley estatal. “Las razones por las que se ha anulado tienen que ver con unas compensaciones de unas parcelas de un sitio en otro. Pero con posterioridad a esta situación ha habido modificaciones legislativas que permiten buscar alguna fórmula para este tipo de situaciones con compensaciones económicas que se llaman monetización”, explicó.

El plan urbanístico fue aprobado en primera instancia por el Ayuntamiento en noviembre de 2011, pocos días antes de que Alberto Ruiz-Gallardón dejara la alcaldía para convertirse en ministro de Justicia. Fue refrendado un año después por la Comunidad, en manos de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre.

La modificación urbanística permitía al club cubrir su estadio, construir un centro comercial de 12.250 metros cuadrados en la fachada del paseo de la Castellana y hacer un aparcamiento subterráneo de 600 plazas. A cambio, el Real Madrid se comprometía a convertir el actual centro comercial de La Esquina, entre las calles de Concha Espina y Padre Damián, en un parque público; y a ceder al Ayuntamiento cuatro parcelas ubicadas en la calle de Mercedes Arteaga (en el distrito de Carabanchel). Además, debía pagar 6,6 millones en metálico.

El tribunal considera que ese plan vulnera la Ley regional del Suelo y las normas del Plan General de Ordenación Urbana, entre otras razones porque la operación comprende parcelas separadas entre sí por más de siete kilómetros. No eran por tanto áreas homogéneas, según el tribunal, y la edificabilidad en una zona no podía compensarse en la otra.

Esa “vinculación ficticia” de ambas zonas para crear “un ámbito discontinuo” se sumaba a otros motivos. Entre ellos, que los magistrados no ven el déficit de dotaciones en Carabanchel en el que se escudó el Ayuntamiento para meter esas parcelas en liza. O que estas fueron expropiadas para dedicarse a vivienda social, por lo que debían tener uso residencial.

El tribunal concluye que el plan “no se produce en beneficio de un interés general”, y por tanto lo anula. La solución propuesta por Ignacio González pasaría, en principio, porque el aumento de edificabilidad del estadio no se compensara con terrenos (porque el Real Madrid carece de suelo suficiente en la zona que desee entregar), sino con dinero.

El plan anulado ahora ya fue paralizado por el mismo tribunal en julio, a petición de Ecologistas en Acción, después de que la Comisión Europea notificara al Gobierno en diciembre de 2013 la apertura de un expediente al considerar que el Ayuntamiento pudo haber ayudado al club con dinero público en una permuta anterior de parcelas. Ese convenio, libre de sospecha judicial, tiene relación directa con la reforma, pues incluye también las parcelas de Carabanchel.