Parla aprueba por unanimidad rescindir el contrato de las multas

PSOE, PP, IU y UPyD aprobaron ayer por unanimidad la rescisión del contrato con el que el Ayuntamiento de Parla, gobernado en minoría por los socialistas, privatizó en marzo del año pasado el servicio de las multas de tráfico, hasta entonces competencia municipal. La adjudicataria, una unión temporal de empresas formada por Bilbomática y Orange España, negoció con el entonces alcalde, José María Fraile —renunció a finales de octubre tras su imputación en la Operación Púnica— que el 80% de la recaudación sería para ella.

Pronto se comprobó que el contrato, por cuatro años más dos prorrogables y valorado en 1,6 millones, benefició con creces a la concesionaria: entre octubre y noviembre recaudó dos millones de euros (1,6 millones fueron directamente para ella) tras poner 12.000 multas en una ciudad de 125.000 habitantes. Todo un salto respecto a las cifras que el Ayuntamiento manejaba en la Cuenta General de 2013 de Parla, la última aprobada. Ese año se impusieron sanciones por 400.000 euros (solo se ingresaron 100.000). Desde que Beatriz Arceredillo, muy crítica con la gestión de Fraile y de Tomás Gómez, secretario general del PSM y alcalde de 1999 a 2008, fue elegida alcaldesa a mediados de noviembre, se han puesto otras 4.000 multas por valor de 800.000 euros. Los radares más activos saltan a velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora y están colocados estratégicamente en algunas de las vías con más tráfico. Suelen coincidir con áreas sin viviendas ni colegios cercanos y donde los peatones no abundan.

La propuesta de suspender el contrato —primero de forma cautelar, mientras se realizan los trámites necesarios para su eliminación— fue presentada en el pleno municipal por el PP, que el año pasado ya había advertido de los riesgos de la privatización en sintonía con UPyD. “Muchos de los radares se han instalado con un único afán recaudatorio. Esta privatización es un claro insulto a la inteligencia y bolsillos de los ciudadanos, solo sirve para costear el despilfarro de los Gobiernos de Gómez y Fraile”, expresó el portavoz del PP, Miguel Ángel López. Para reducir la velocidad del tráfico urbano, López planteó como alternativa a los radares la colocación de badenes y semáforos.

Eugenio Santos, portavoz de IU, coincidió en la decisión de “remunicipalizar” el servicio encargado de las sanciones de tráfico. “Siempre hemos defendido que la gestión se lleve directamente desde los trabajadores municipales. No es aceptable que la empresa que lo gestiona se le permita utilizar las instalaciones y personal municipal”, manifestó. “Los empleados de la concesionaria están instalados en dependencias municipales, les costeamos la luz, el agua y servicios con nuestros impuestos. Se llevan nuestro dinero con las multas y encima les pagamos las oficinas… ¡Los parleños pagan los excesos de una gestión desastrosa!”, abundó Juan Carlos Machuca, de UPyD.

Pablo Sánchez Pastor, portavoz y candidato del PSOE en las elecciones municipales del 24 de mayo, también defendió la rescisión del contrato. Falto de argumentos, su posición fue visiblemente incómoda, ya que formaba parte de la Junta de Gobierno de Fraile que aprobó la privatización del servicio. La misma Junta de Gobierno que bautizó la externalización con el eufemístico nombre de Plan de Pacificación del Tráfico.