La justicia cerca a la alcaldesa de Rota con otro juicio por corrupción

La alcaldesa de Rota (Cádiz) y candidata del PP a renovar el cargo, Eva Corrales, y su socio de gobierno Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos (RU), tendrán que sentarse en el banquillo por el caso uniformes, la supuesta concesión a dedo de contratos a empresas relacionadas con el entorno del propio gobierno local.

Se trata del segundo proceso judicial abierto contra ambos, después de que el pasado viernes se conociera el auto de enjuiciamiento por el llamado caso horas extras, que analiza supuestos pagos irregulares a un funcionario municipal. Ahora, en este segundo auto, la juez implica a 21 personas del entorno del gobierno local y a los miembros del pleno adscritos al PP y el RU que dieron su voto a las repetidas operaciones de compra directa de uniformes a una empresa vinculada con Lorenzo Sánchez. Entre los implicados, la juez incluye al alcalde de la vecina localidad de Chipiona, Antonio Peña (PP), y al actual vicepresidente tercero de la diputación de Cádiz, Juan Antonio Liaño (PP).

La juez acusa a los imputados de prevaricación y gestión interesada

La instructora, María Teresa Cubreros, considera probado en un auto de 16 páginas que el Ayuntamiento de Rota compró material por valor de unos 800.000 euros entre 2003 y 2013 a una empresa que, en su origen, habría estado participada por Lorenzo Sánchez y a la que más tarde se le modificó su estructura para que, mediante un hombre de paja o la mediación de familiares, quedase disimulada la participación del político. Así, la titular del juzgado distingue los delitos de prevaricación, gestión interesada y cooperación necesaria para los acusados, que ahora deberán entregar sus escritos de alegaciones antes de la fijación de la fecha del juicio.

La juez señala también en el auto entregado este lunes que los miembros del gobierno local mantuvieron este modo de contratación, a pesar de las reiteradas advertencias del interventor municipal. A Corrales y Sánchez se le complica su futuro electoral porque a esta investigación judicial en torno a los uniformes se le suma el juicio ya convocado para el 9 de marzo, en el que ambos también tendrán que sentarse en el banquillo acusados de varios delitos contra la Administración por haber contratado, supuestamente de forma a fraudulenta, a empleados públicos municipales para otros fines.

Sanz mantiene a Eva Corrales como cabeza de lista en el municipio

Corrales llegará al 24 de mayo, fecha de las elecciones municipales, con su imagen en el banquillo y pendiente de la citación para el juicio por el caso uniformes, que se podría conocer en las próximas semanas. A pesar de que esta situación era conocida por la dirección provincial del PP, su partido la defiende y la mantiene como candidata local.

“Una cosa es llevártelo calentado y otra que te denuncien por tomar medidas en el desarrollo de tu trabajo, que es el caso. Yo ya tengo experiencia con la Zona Franca de personas que fueron encausadas y después salieron absueltas”, explicó el pasado viernes el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, en alusión al exdelegado Miguel Osuna, que quedó libre por el caso Rilco, aunque esa sentencia todavía no es firme. El candidato del PSOE a la alcaldía de Rota, Javier Ruiz, sí ha pedido que el gobierno local asuma responsabilidades por tantos escándalos.

No es el único alcalde del PP en apuros en la provincia de Cádiz. El de San José del Valle, Antonio García, declara hoy martes como imputado por una denuncia interpuesta por el PSOE que le acusó de conceder 40 licencias de obra para casas construidas de manera irregular. “Estoy deseando de declarar y explicarlo todo”; afirmó tras explicar que han pasado cuatro años desde que se confirmó la primera denuncia socialista.